Andalucía

El Gobierno de coalición afronta su primera huelga política

  • Aunque el decreto de escolarización sólo incluye una leve equiparación entre enseñanza pública y concertada, los anuncios del Ejecutivo hacen temer por un giro en la preferencia

El consejero Javier Imbroda, este miércoles en el Parlamento.

El consejero Javier Imbroda, este miércoles en el Parlamento. / Julio Muñoz/EFE

El Gobierno de coalición de la Junta ha afrontado este miércoles su primera gran huelga, una huelga de carácter político, pero no en el sentido que le da el consejero de Educación, Javier Imbroda. No es una huelga partidista, sino una protesta surgida de los anuncios políticos del propio Ejecutivo, que ha explicado que éste es el "primer paso" para "la libre elección de centros". La huelga ha sido convocada por CCOO, UGT, Ustea, CGT y la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, pero también se han sumado ANPE y CSIF, sindicatos cercanos a los postulados de Ciudadanos y el PP, al menos cuando estaban en la oposición.

Los sindicatos de Canal Sur convocaron dos jornadas de huelgas parciales a finales de febrero, pero la dirección consiguió impedir el último paro con el inicio de una negociación que se centra en el aumento del personal efectivo y en una renovación de equipos. Su impacto social es mínimo al lado de la de este miércoles.

Educación es la segunda consejería por gasto de la Junta, 6.010 millones de euros de presupuesto, una segunda joya detrás de Salud. Desde el año 2013 no había una huelga en el sector, de ahí que en el Gobierno hayan saltado las alarmas, aunque el seguimiento, calculado en el 15%, ha llevado algo de tranquilidad. El consejero de Educación es Javier Imbroda, dirigente de Ciudadanos y anterior empresario del sector de la formación, lo que provocó mayor intranquilidad por parte de los sindicatos. Como él ha explicado, vendió todas sus acciones de estas empresas cuando tomó partido por Ciudadanos.

El decreto de escolarización no incluye grandes novedades; de hecho, su asunto más polémico es, en la práctica, una declaración de intenciones, porque Educación no puede garantizar que los padres matriculen a sus hijos en el centro concertado que escojan. Es, simplemente, un problema de dimensiones. El decreto establece que las familias pueden elegir un concertado, aunque no esté en su zona de preferencia. Si el colegio fuese muy demandado, como lo es en muchos casos, habrá muchos solicitantes que serán rechazados por falta de plazas. Además, el 80% del territorio andaluz sólo tiene centros públicos, es un asunto que afecta sólo a determinadas capitales.

El temor de los sindicatos es que la alta "demanda social", concepto que se incluye en el decreto, termine por favorecer el cierre de unidades de enseñanza pública en Primaria -la más afectada por el derrumbe demográfico- en favor de la concertada cuando el retroceso demográfico sea aún más evidente. Los sindicatos acusan a Imbroda de querer desmontar el sector público y señalan a lo que ya viene ocurriendo en Madrid. En Andalucía, el peso de la pública es muy fuerte. Sólo hay un 20% de estudiantes en la concertada, mientras que en el País Vasco, Cataluña y Madrid es más del doble. En ese sentido, es una huelga preventiva.

La demanda social es uno sólo de los cinco criterios que sustentarían una posterior planificación de escolarización de la Consejería. No necesariamente el más demandado sería el beneficiado en su supervivencia, se tendría también en cuenta la racionalización y eficiencia, entre otros factores. Y no sólo es aplicable a la concertada. Una alta demanda sirve, por ejemplo, para ir cerrando unidades de un colegio público frente a otro cercano si el primero es el preferido de las familias. 

La libre elección de centro es un postulado programático del PP y de Ciudadanos; llevado a extremo, es el cheque escolar. No es esto lo que propone el Gobierno de coalición, pero los sindicatos creen que es el primer paso. Imbroda mantiene que él quiere beneficiar a las familias, no entiende por qué hay tanto rechazo y culpa a los sindicatos, directores de centros y asociaciones de padres y madres de "sesgo ideológico". 

Un decreto anterior del Gobierno socialista ya establecía que las familias pueden elegir concertado o público en igualdad de condiciones, es un precepto constitucional, pero no incluyó la elección de centro alejado del domicilio. El asunto más polémico es el del criterio de "demanda social", que proviene de la actual ley de Educación, asunto que queda suspendido con el nuevo texto que la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha enviado al Congreso. Si el Gobierno de Sánchez terminase por aprobar la nueva ley, la Junta tendría que modificar el decreto de acuerdo con la norma orgánica.

De momento, el consejero Imbroda no se plantea cambiar el decreto, entiende que el escaso seguimiento le da la razón en que estos sindicatos no representan a la comunidad educativa en su conjunto. 

  

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