Andalucía podría recibir las mismas bonificaciones para contratos mediante reducción de cuotas de la Seguridad Social que el País Vasco acaba de conseguir. La Junta está estudiando la posibilidad de solicitar esta competencia al Gobierno central, ya que así se lo permite el nuevo Estatuto. Fuentes del Gobierno aseguraron ayer que se está abierto a esta posibilidad, a la que ya se ha sumado Cataluña y también estudian Extremadura y Baleares. Desde el Gobierno se explicó que el País Vasco recibirá una cantidad similar a la de Andalucía para formar sus parados, ya que de los 470 millones de euros traspasados a la comunidad vasca hay que descontar el gasto corriente y de personal de la transferencia.

Esta es una de las principales consecuencias del pacto alcanzado el pasado miércoles entre Gobierno y el PNV para garantizar los Presupuestos Generales del Estado de 2011, y gracias al cual la comunidad autónoma vasca recibirá las políticas activas de empleo que había estado rechazando por no estar de acuerdo con la cuantificación económica que ahora se ha tasado en 472 millones.

En esta cifra no sólo está incluidas estas políticas y las bonificaciones empresariales (145 millones de euros sobre el total de 470), sino también el gasto corriente derivado del traspaso de personal y de basto corriente que eso conlleva. Una partida que ya recibieron en su momento las comunidades que, como Andalucía en el año 2003, asumieron estas competencias, de ahí que desde el Gobierno central se negase que el País Vasco vaya a recibir un dinero excesivo comparado con Andalucía y el resto de comunidades.

Según la Consejería de Empleo, Andalucía ha ingresado en este ejercicio 684 millones en concepto de políticas activas de empleo y 315 millones por bonificaciones, es decir, casi 1.000 millones para dar respuesta laboral y formativa a más de 800.000 parados. Este dato sitúa, según la Junta, a Andalucía a la cabeza en inversión estatal contra la lucha por el desempleo, ya que representa 22% de todo lo que se reparte entre todas las comunidades. Según el titular de este departamento, Manuel Recio, "uno de cada cuatro euros en políticas activas de empleo se queda en Andalucía".

De esta forma, según Recio, se desmontan la teoría del "agravio comparativo" y del "trato discriminatorio" que maneja la oposición, y también su "error conceptual" de que se rompe la caja única de la Seguridad Social. Como explicó, el acuerdo con el PNV la deja intacta porque no habrá una merma de los ingresos, ya que las cotizaciones de empresarios y trabajadores no se traspasan, tan sólo su gestión.

A pesar de la importancia que pueda o no tener la transferencia de las bonificaciones empresariales, en el que ya están interesadas Cataluña, Baleares o Extremadura, lo que más preocupa a la Junta es la reforma que tiene entre manos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el Gobierno central. Este proyecto es "prioritario" para el Ejecutivo autonómico porque, como recordó Recio, el objetivo es la "mejora de la empleabilidad" en un momento y en una comunidad especialmente sensibles por la alta tasa de paro que soporta - un 27% de la población activa-.