El Gobierno central está dispuesto a litigar en los tribunales si el Ejecutivo de la Junta de Andalucía pone impedimentos al proceso de venta de la finca estatal La Almoraima; bien sea con su declaración como monte de interés público o a través de la ampliación de los dominios del parque natural de Los Alcornocales a la totalidad de la superficie. Así lo aseguró ayer la directora gerente del latifundio, Isabel Ugalde, quien calificó la postura regional como un disparate fruto de un calentón que encontrará "respuesta jurídica" si se consuma. 

Ugalde -que compareció en el antiguo convento de la finca enclavada en Castellar de la Frontera- detalló que el Gobierno mantiene el proceso administrativo para vender los activos de La Almoraima SA y disolver a continuación la sociedad. No obstante, reconoció que se ha depreciado (el precio inicial de salida era de unos 300 millones de euros) y lo achacó al archivo del plan de usos turísticos que preveía amparar la construcción de un aeródromo, un hotel y sendos campos de golf y polo para dar valor a la finca. La decisión fue tomada hace dos semanas por el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera -gobernado por IU y PP- y fue justificada en una falta de encaje legal. Ugalde tachó esta resolución de excusa. 

En estos momentos, reconoció la gerente, hay una decena de interesados entre particulares, inmobiliarias y fondos de inversión a los que, sostuvo Ugalde, la confrontación abierta por la Junta podría ahuyentar "ante un cambio de las reglas del juego". Ugalde incluso parafraseó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al subrayar que un "choque de trenes" entre los gobiernos nacional y autonómico a cuenta de La Almoraima no resultaría positivo aunque dio por hecho que el Ejecutivo central ya se prepara para una batalla legal. También lo está la Junta de Andalucía, según dijo por la tarde en Algeciras el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien manifestó que "será una pelea judicial". 

López Gil añadió que para el Gobierno andaluz mantener la titularidad pública de La Almoraima es lo ideal y lo que va a defender. "Creemos que el escenario de monte público es lo mejor para Andalucía, Cádiz y el Campo de Gibraltar porque siendo público podemos entre todos darle actividad. El propietario del suelo es lo que menos interesa, pero el valor medioambiental es un valor público", insistió.

Frente a esta postura, Ugalde subrayó que la propuesta de los grupos ecologistas de declarar La Almoraima como monte de interés público sería ilegal porque la finca está gestionada a través de una sociedad anónima y, por tanto, regida por el derecho privado. Para la gerente, esta decisión encontrará "varias respuestas" jurídicas aunque reconoció que retrasaría el cronograma de trabajo de cara a la venta.  

La otra iniciativa que tiene la Junta de Andalucía sobre la mesa, la ampliación del parque natural para integrar 1.334 hectáreas del latifundio que actualmente están fuera de su ámbito (el resto, hasta alcanzar algo más de 14.000 hectáreas ya son suelo protegido) sería rebatida técnicamente y fue calificada como algo "sin pies ni cabeza". Ugalde remachó que hay zonas de la finca que no deben estar protegidas para acoger usos agrícolas, ganaderos y de otro tipo, incluyendo los turísticos diseñados con nula afección al entorno. 

La responsable de la gestión de la finca sostuvo que la actitud tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento ha cambiado con el fin de impedir la venta. Ugalde aseguró que ambas entidades conocieron y dieron su visto bueno al borrador del proyecto turístico elaborado por un equipo de 19 personas que antes trabajaron para la Junta y, por tanto, conocen los entresijos legales y condicionantes ambientales. "Entonces no se habló de venta, pero sería de tontos no haberse imaginado que el Estado podría desarrollarlo. Que no haría falta capital privado. Es mi obligación conseguir el máximo dinero posible, con la creación de valor antes de la venta", manifestó. "El proyecto es un bombón encima de la mesa y es imposible que no pueda interesar porque no afectará nada al entorno. Traerá riqueza y empleo", resaltó. 

El procedimiento de enajenación prevé la designación de una empresa que tase los activos de La Almoraima mientras que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara los cuadernos de venta y pliegos de condiciones. "En este mes de febrero deberíamos haber hablado con los candidatos a ser asesores para abrir el concurso lo antes posible", explicó. 

Una vez incoado el procedimiento, se invitará a participar a quienes ya han mostrado interés en la finca (aunque será abierto). Ello llevó a hablar de la visita, el martes, de la actriz Salma Hayek y su multimillonario marido, el magnate François-Henri Pinault. "Sobrevolaron la finca y mostraron interés por emprender un proyecto medioambiental, curiosamente", comentó, sin querer entrar en más detalles alegando que se trataba de algo anecdótico. 

Preguntada y repreguntada, Ugalde detalló que a la pareja les gustó el entorno pero les chirriaron hechos como los tendidos eléctricos o la industrialización de la Bahía de Algeciras. "No son los primeros interesados. No se trata de aceptar una oferta sin más. Será un proceso administrativo", zanjó. El dinero obtenido con la venta pasaría a engrosar la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado "en beneficio de todos los españoles". 

Ugalde también alertó que la Junta, en caso de querer ejercer su derecho de tanteo y retracto -opción de compra preferente- sobre la finca, debería satisfacer la cantidad con el mismo medio de pago empleado por el comprador. "Si es en metálico, en metálico", subrayó, en referencia a la propuesta de compensación de deudas a la región por la disposición adicional del Estatuto de Autonomía.