La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de La Línea de instalar dos señales de tráfico que prohiben el giro de vehículos a instalaciones de la Aduana de Gibraltar, concretamente de los camiones, lo que desde el lunes ha obligado a que éstos entren por el acceso destinado a turismos.

La Abogacía del Estado argumenta que la interposición del recurso es contra tal decisión y "en defensa de la legalidad y al amparo de lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local".

En los fundamentos de derecho, la Abogacía del Estado argumenta su petición de suspensión cautelar de tal medida "en la gravedad de la infracción cometida por el Ayuntamiento linense al colocar los discos de prohibición de giro a la izquierda en el acceso a Gibraltar y obligar a los camiones, incluso los que transportan mercancías peligrosas, a acceder por un mismo carril y una misma cola".

Por ello apela al artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, que considera nulos de pleno derecho los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. En este sentido, argumenta que considera "infringido el derecho a la vida y a la integridad física, por circular en las mismas colas los vehículos que transporten mercancías peligrosas con los turismos, así como el derecho a la libre residencia, libre circulación por territorio español y libre entrada y salida de España".

Asimismo, recuerda que el objetivo de dicha medida por parte del Ayuntamiento es preparar la aplicación de una tasa de cogestión a los vehículos que salgan de Gibraltar, "como una especie de aduana interior", lo cual recuerda que es una institución de origen medieval ya superada por el  sistema jurídico español.

Además, destaca que el Estado defiende un interés público como es la circulación por las fronteras y carreteras nacionales de acceso a las mismas, la ordenación de las aduanas, la libre circulación por territorio español o la seguridad de las personas, "mientras que el Ayuntamiento linense defiende intereses relativos a la circulación por vías municipales y la futura implantación de un tributo de carácter local".

A juicio de la Abogacía del Estado, los intereses defendidos por el Estado "presentan una mayor trascendencia, no sólo por el número de derechos y libertades afectados, sino por la naturaleza de los mismos, en su mayoría derechos fundamentales. Frente a esto tan sólo advertimos un interés municipal que puede ser actual, el del tráfico por vía municipal, y otro a corto plazo, la futura implantación de la tasa municipal". 

Respecto a la tasa, señala que si es un interés futuro "no hay motivo para que la ejecutividad de la medida no se suspenda hasta el futuro". En cuanto al interés del tráfico municipal, sostiene que no se aprecia que pueda existir otro que la conexión, también futura, con la ordenación de la circulación de cara a la implantación de un futuro peaje, con lo que entiende que también se podría suspender su ejecutividad "pues no se está haciendo sino preparar un acto futuro, que todavía no cuenta ni siquiera con la ordenanza que le sirva de apoyo, con independencia de que dicha ordenanza creemos que sería ilegal", señala en dicho recurso.

El presidente de la Comisión de Fomento, Salvador de la Encina, aseguró ayer a este diario que el recurso de la Abogacía del Estado "está muy bien fundamentado jurídicamente. Ahora será un juez el que resuelva. Lo único que está haciendo el Gobierno es defender los intereses de los linenses en primer lugar y del resto de los campogibraltareños en segundo. El alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, debe reflexionar y salir del lío en el que se ha metido. Ya está bien".

Asimismo, De la Encina dijo que Alejandro Sánchez debería anteponer también los intereses de los linenses "a los de las siglas de su partido, el PP, que es lo que tiene que hacer un alcalde", manifestó a esta redacción.