El Algarrobico parece el título de un folletín interminable. Tras la sentencia del TSJA, dando por urbanizable el suelo en el que se asienta el hotel, Greenpeace y la promotora Azata del Sol se han enzarzado en una nueva batalla judicial en la que los primeros han pedido a la Fiscalía Anticorrupción que estudie si es delito el fallo judicial, mientras que los segundos se han opuesto a que se anule dicha vista y han pedido que se multe a las organizaciones defensoras del medio ambiente.

Greenpeace espera que el Ministerio Público abra diligencias "por la comisión de posibles delitos como la prevaricación" que incide en la querella criminal presentada ante el Supremo por Salvemos Mojácar y recuerda "los 28 recursos contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales". Greenpeace recuerda la "jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme y con efectos de cosa juzgada, pues afecta a la seguridad jurídica" y advierte del peligro que supone "facilitar el camino para declarar que el hotel se ubica en terrenos urbanizables". La organización ecologista censuró que "el proceso de la licencia de obras a pesar del anuncio del TSJA de que se resolvería el pasado 25 de febrero, se ha retrasado de manera indebida".

Para Greenpeace, la sentencia es un "error". Supone, a su juicio un "giro escandaloso de la historia de El Algarrobico, ya que ahora no será posible determinar si el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable o no. Esto tira por la borda ocho años de lucha ecologista" dijo la responsable de la campaña de Costas, Pilar Marcos.

Para la promotora del hotel se ha opuesto a la nulidad de la vista en la que, por primera vez, les daban la razón, pero ha ido un paso más allá al solicitar que se les imponga una multa a Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción por lo que ellos denominan "temeridad jurídica". Sus razonamientos se apoyan en la actuación procesal de ambos colectivos ya que "es fácilmente deducible que su petición va a ser desestimada, lo que llevaría a una demora innecesaria en la conclusión de un dilatado procedimiento como el que nos ocupa". Esa "temeridad" vale, según el escrito de alegaciones "una multa entre los 90 y los 600 euros".

Azata rechaza en su escrito que se haya vulnerado el derecho constitucional de las partes y se ensaña al sostener que "parece claro que la representación letrada de los colectivos ecologistas, tiene un total desconocimiento de lo que este derecho fundamental implica y hace una errónea interpretación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Tampoco se ha quedado atrás el Ayuntamiento de Carboneras, que manifiesta su oposición a la nulidad de la vista ya que, "no se acredita la irregularidad, ni se vincula a ningún prejuicio, por lo que la pretendida indefensión carece de relevancia constitucional" .