"Usted es el único político del universo que cree que Zapatero no nos haya hecho daño", le espetó ayer Javier Arenas a José Antonio Griñán en la sesión de control del Parlamento andaluz. Ante la crítica de "servilismo" que le lanzó Arenas, el presidente de la Junta defendió el trato "justo y equitativo" del presidente del Gobierno con Andalucía y, en una segunda réplica al líder de los populares andaluces, destacó que el Ejecutivo andaluz también ha enseñado los dientes.

Griñán cifró en cinco los puntos de desencuentro actuales con el Gobierno, tres en forma de recursos ya presentados ante los tribunales. Dos de ellos eran hasta ayer desconocidos.

En febrero la Junta acudió a la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recurrir el cálculo por parte del Gobierno de la deducción de 400 euros en el IRPF. Los ingresos del Estado disminuyeron como causa de la aplicación de esta medida el pasado año, que incide en el fondo de suficiencia a repartir entre las comunidades. No se sabe en cuánto, anotó Griñán, pero Andalucía lo ha recurrido. Otras comunidades ya criticaron que las entregas a cuenta del fondo de suficiencia se iban a destinar a financiar el compromiso de Zapatero de devolución de 400 euros a los contribuyentes. Una suerte de invito yo, pero pagas tú. Este recurso ha sido admitido a trámite, informaron fuentes del Gobierno andaluz.

En mayo, la Junta también recurrió ante el TSJM la entrega a cuenta para este año del fondo de suficiencia global, el recurso de cierre del sistema destinado a cubrir la financiación de la competencias de cada comunidad. La Junta interpretó que hay una disminución sobre lo que debería recibir y lo recurrió.

Y ya el día 3 de este mes, según anunció la semana pasada la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, la Junta recurrió ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno a adelantar el pago de los fondos de convergencia. Otras siete comunidades ya lo habían recurrido (Murcia, CastillaLa Mancha, Galicia, Castilla y León, Valencia y Madrid).

Aguayo deseó ayer que a lo largo de este año el Ministerio de Economía "cambie su criterio". En respuesta a una pregunta parlamentaria, Martínez Aguayo aseguró que el Ejecutivo andaluz ha presentado el recurso con la "convicción" de que la ley está de su parte.

Las mismas fuentes del Gobierno apuntaron que estos recursos se han interpuesto tras agotarse todas las vías de negociación previa y ante la negativa del Gobierno a aceptar las propuestas de la Junta.

A estos tres recursos Griñán sumó la discrepancia del Gobierno andaluz con la financiación de los costes y servicios de la ley de Dependencia, que parecía ya zanjada al aumentarse el pasado año el dinero por población atendida. El Gobierno se comprometió a una subida progresiva de este criterio predominante para el reparto del fondo de nivelación.

Griñán añadió además que la Junta estará expectante ante la ejecución de las inversiones comprometidas por el Gobierno, que deben representar el peso poblacional de Andalucía en el conjunto del Estado según mandata el Estatuto andaluz (disposición adicional tercera). "Si hay una inversión menor, la recurriremos", expuso.

Tanto Arenas como Valderas demandaron "medidas de regeneración democrática". Arenas insistió en la limitación de mandato de ocho años, que Griñán le emplazó a cumplir con los alcaldes del PP. El Parlamento votó por la tarde en contra de la propuesta gracias a la mayoría socialista. No faltó el tema de los ERE fraudulentos. Arenas preguntó a Griñán si se destinó parte de este fondo al "rescate" de parte del peaje de la autopista entre Sevilla y Cádiz, concretamente, el tramo entre Jerez y Cádiz. Fuentes de la Junta lo negaron.