En medio del Océano Pacífico ha aparecido una isla que, de momento, no sale en los mapas. La isla de plástico situada entre Japón y la costa oeste de Norteamérica se descubrió en los ochenta, pero en los últimos años le ha salido una hermana pequeña en el Atlántico norte. El plástico se encuentra en altas concentraciones en ambas balsas de detritos pero la más cercana al viejo continente se nutre con facilidad de las 8.000 millones bolsas de plástico que se convierten en basura en la Unión Europea, según los datos más recientes, publicados en 2010. Para paliar esa situación, el Parlamento Europeo aprobó en su sesión plenaria de abril una legislación que obliga a los países miembros a reducir el uso de este producto en un 80% para el año 2020.

Para conseguir el objetivo, la norma defendida por la europarlamentaria danesa Margrete Auken establece diversas fórmulas. La más concreta consiste en prohibir que a partir de 2018 no se entreguen de forma gratuita a los compradores las bolsas de entre 10 y 50 micras, es decir, las más comunes y contaminantes. Esta propuesta pasa por cobrar por la entrega de este producto en todo tipo de comercios, algo que ya funciona en algunos países como Portugal e Irlanda -con un "exitazo", según dijo Auken en la rueda de prensa posterior a la aprobación de su texto-, pero también en Andalucía, donde está vigente desde hace cuatro años.

El 3 de diciembre de 2010, el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó la Ley de Medidas Fiscales para la Reducción del Déficit Público y para la Sostenibilidad, que regula el Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso en Andalucía que grava la utilización de este artículo desde el 1 de mayo de 2011. Según los cálculos que se hicieron entonces, la Consejería de Hacienda esperaba recaudar entre 75 y 85 millones de euros al año a razón de cinco céntimos por bolsa, aunque a partir del próximo ejercicio el precio subirá hasta los diez céntimos, equiparándose así con el coste que tienen, según aseguró Auken, en el país luso.

Sin embargo, el objetivo de la medida andaluza no era sólo recaudatorio, sino que también pretendía reducir el uso de la bolsas. Esta intención la comparte con la normativa comunitaria aprobada la semana pasada, puesto que con la reducción del uso de las bolsas de plástico ligeras la Unión Europea puede ahorrar hasta 740 millones de euros. Margrete Auken aseguró que los mayores beneficios repercutirán en los comercios minoristas, que se ven obligados a regalar sus bolsas, pero también aludió a menores gastos en la industria petrolífera, puesto que el plástico es un compuesto orgánico derivado del petróleo.

A diferencia de la legislación recién aprobada en Estrasburgo, la regla autonómica excluye a los establecimientos dedicados a la venta al por menor, como pescaderías, carnicerías, fruterías, panaderías y pequeñas tiendas de alimentación. A pesar de esta exención, la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía se mostró, en su momento, contraria a la aprobación de la ley andaluza, con la excusa de que "grava al ciudadano", una postura similar a la mantenida por la Unión de Consumidores de Andalucía. Auken no comparte esta opinión y considera que los únicos perjudicados son los productores de bolsas "que no están en Europa, sino en China".

Los países de la unión -y en el caso español, las comunidades autónomas- tienen libertad para utilizar cualquier método, con la condición de que se cumplan los objetivos incluidos en la norma comunitaria. La primera meta se ha fijado para dentro de tres años, con una reducción del 50% del consumo actual, que en el conjunto de la unión alcanza los 100.000 millones de bolsas. Según un estudio de la Comisión Europea, cada ciudadano consume al año 200 bolsas de plástico al año, de las cuales 178 son de un solo uso. España está por debajo, con 133 bolsas por persona, 120 de las cuales solo se utilizan en una ocasión, es decir, un 90%. Para alcanzar el objetivo de 2018, cuando no podrán entregarse bolsas de forma gratuita, el consumo nacional deberá parecerse al de la Alemania actual -71 bolsas por ejercicio-; mientras que para conseguir la última meta, en 2020, habría que acercarse a los números de Irlanda, cuyos ciudadanos sólo utilizan 20 bolsas al año después de una legislación que ha permitido eliminar el 90% del consumo en solo 5 meses, según los datos que hizo públicos la europarlamentaria Auken.

La reducción del consumo de bolsas de plástico de entre 10 y 50 micras no es la única propuesta de la norma europea aprobada el martes. Otra de las medidas trata sobre los artículos de menor peso, es decir, las bolsas ultraligeras. Son las que se utilizan en los supermercados para adquirir fruta o verduras y "es muy difícil sustituirlas", señaló la política encargada de defender el reglamento, que instó a los países miembros a buscar soluciones al respecto y "cambiar la cultura de compra".

Otro apartado polémico alude a la situación de las bolsas oxobiodegradables, un modelo que puede confundir por su nombre y que, a la postre, se convierte en un agente contaminante peligroso. En vez de destruirse -como los objetos realmente degradables- el plástico de estas bolsas se divide en partículas muy pequeñas que pasan a formar parte de la dieta de los animales marinos, provocándoles la muerte. "Queríamos eliminarlas, pero no ha sido posible para no romper el acuerdo debido a las presiones de la industria", detalló Auken que consiguió incluir en el texto un compromiso de la Comisión Europea para estudiar el impacto de las oxobiodegradables. En este sentido, la normativa también obliga a la Comisión a que plantee reglas sobre etiquetado para asegurar el reconocimiento de las bolsas de biodegradables y compostables antes de 2017. La pasión por la defensa de su propuesta ha sido una constante en el trabajo de Margrete Auken, que aludió a la legislación aprobada el pasado martes como la primera victoria en el ámbito a tratar, pero aseguró que no será la última.