Andalucía

Guerrero saca pecho: "Garantizamos rentas a más de 6.000 andaluces"

  • El ex director de Trabajo recurre la decisión de la juez de rechazar la nulidad planteada

El ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en los juzgados de Sevilla.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en los juzgados de Sevilla. / josé ángel garcía

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero pasa al contraataque. Su defensa ha recurrido la decisión de la juez María Núñez Bolaños de no admitir la petición de nulidad planteada para que se le aplique el auto de la Audiencia que establece que sólo habrá un juicio para cada acusado y lo hace reivindicando su labor como alto cargo de la Consejería de Empleo de la Junta.

En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los abogados de Guerrero, Carlos Sierra y Rafael Ramírez, destacan que Javier Guerrero "jamás" había tenido un tropiezo con la Justicia y además "se ha puesto de manera total y durante más de diez años a disposición de la sociedad andaluza como director general de Trabajo".

En esa etapa, continúa el escrito, Guerrero ha abordado la "política diseñada por la Junta de Andalucía y ejecutando lo previsto en los presupuestos de la comunidad, para lo que se destinó, sin duda alguna, a los fines previstos en los mismos, lo que fue ratificado posteriormente por la propia Junta de Andalucía y supone, pues se mantiene el abono, de una garantía de rentas a más de 6.000 ciudadanos andaluces y el mantenimiento del tejido empresarial, garantías que han sido asumidas como legales en el propio procedimiento y que además no debemos olvidar algo importante en el presente procedimiento: que debe presumirse ante todo su inocencia".

Por ello, la defensa argumenta que tener que soportar una "doble imputación por unos mismos hechos con peticiones desorbitadas tanto a nivel económico como de privación de libertad, le está creando un perjuicio a nivel personal de imposible o muy difícil reparación con una condena social anticipada, siendo este extremo innegable, al salir continuamente en los medios de comunicación noticias sobre unas supuestas irregularidades que no se han probado en modo alguno y que están además duplicadas en distintos procedimientos".

De ahí que concluya que al tener que someterse Guerrero a un juicio oral con una "clara vulneración de sus derechos constitucionales", se les está sometiendo a la denominada "pena de banquillo".

El escrito de Guerrero se produce a raíz de la providencia de la juez Bolaños en la que inadmite el incidente de nulidad planteado en la causa en la que se investigan las ayudas a su antiguo chófer. La magistrada consideró en esa resolución que no era el momento procesal oportuno para plantear la nulidad y emplazó al ex director de Trabajo a presentarla una vez que el procedimiento sea elevado a la Audiencia de Sevilla.

Ahora, los letrados Carlos Sierra y Rafael Ramírez recurren la providencia porque entienden que la misma es "contraria al derecho constitucional" porque consideran que la juez debió dictar una "resolución motivada", un auto y no una providencia.

Para la defensa, la resolución de la instructora ha generado un "notable perjuicio para los intereses" del ex director de Trabajo, habiéndole generado una "manifiesta indefensión en cuanto a las garantías procesales que deben existir en todo procedimiento penal".

Por todo ello, solicita a la magistrada que revoque la providencia y cese el procedimiento contra Guerrero en relación con las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió a su antiguo chófer, unas subvenciones que consideran que ya están incluidas en el denominado procedimiento específico de los ERE, en el que serán enjuiciados 22 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Chaves y Griñán.

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