La otra gran pata de la futura ley andaluza de participación serán los presupuestos participativos, cuestión que como las consultas populares también genera dudas sobre su implantación a nivel regional. Ésta es una de las propuestas que pertenecen al ADN de Izquierda Unida y que ha desarrollado en muchos de los ayuntamientos que ha gobernado, con desigual suerte. En la actualidad sólo una veintena de ayuntamientos andaluces lo mantienen.

IU gobierna por primera vez en la Junta de Andalucía, en coalición con el PSOE, y sus dirigentes aseguran que, al menos, probarán si puede implantarse a nivel autonómico. "Se trata de que los ciudadanos marquen las prioridades del gasto público", subraya Manuela Fernández (IU), directora general de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado en la Consejería que dirige Diego Valderas.

Fernández asegura que esta opción se indagará, pero admite que es pronto para señalar si llegará a todas las ramas de la Junta, y a algunas tan complejas como Hacienda o Economía. Se trataría de que los consejeros marcasen sus prioridades políticas en función de la opinión de los ciudadanos, algo que resulta difícil de asimilar en estos momentos, marcados también por dificultades económicas que llevan a priorizar unos proyectos sobre otros.

Lo que sí está claro es que en 2014 los Presupuestos andaluces se harán como siempre, pero se abre la puerta a 2015. "A lo mejor para algunas consejerías es más fácil y pueden comenzar; hay que estudiarlo", aporta Fernández.

El documento en el que se recogen las propuestas para la elaboración del anteproyecto de ley hace hincapié en la necesidad de que sea "transversal", en lenguaje llano, que se la crea el PSOE. Hace unos días se produjo la primera reunión entre los responsables de las distintas consejerías. Desde IU esperan colaboración y que no se entienda que una de las leyes, la de Transparencia, es de unos, y la de Participación, de otros.

Lo que sí tienen claro en la Consejería de Valderas es que el instrumento de los presupuestos participativos estará en la ley para ayudar a los ayuntamientos que deseen implantarlo. Lo defienden pese a que algunas voces de otros partidos, como el PP, les aseguran que "ya no está de moda".

Lo cierto es que la experiencia en las corporaciones locales ha tenido resultados dispares. El Ayuntamiento de Córdoba fue pionero en implantar esta herramienta, inspirada en el proceso de la ciudad brasileña de Porto Alegre. Aglutinaba casi todo, salvo Hacienda y Economía.

Comenzó en 2001, con Rosa Aguilar como alcaldesa, y en los seis o siete años que duró, hasta que el PSOE se hizo cargo de la concejalía y desapareció, el balance de asistentes fue muy pobre. Según uno de los documentos de conclusiones, fueron unas 7.000 personas, 4.000 de ellas niños que acudían a actividades lúdicas.

Otro problema fue la demora desde que empezaba el proceso, con reuniones en los barrios, hasta que se consensuaban las propuestas. Muchos meses, incluso más de un año, para que llegasen a debatirse en el Ayuntamiento. Y tercero, que muchas de esas propuestas que emanaban de los ciudadanos no encontraron respuesta en los criterios políticos del Gobierno municipal. En definitiva, sólo obtuvo respuesta un 10% de lo propuesto.

La directora general de la Junta destaca por contra los resultados en otros ayuntamientos, en la provincia de Málaga por ejemplo, o la realidad del carril bici de Sevilla, que hoy es celebrado por muchos ciudadanos y que nació como consecuencia de las peticiones populares en el mandato de PSOE e IU en el Ayuntamiento.

La Junta está muy satisfecha con la participación en los talleres y encuentros y asegura que seguirá trabajando en el principio más reclamado por estos ciudadanos: recuperar la soberanía popular y avanzar en democracia real.