Izquierda Unida quiere dotar con el máximo rango legal la participación de los ciudadanos a la hora de conocer su opinión sobra asuntos de gran calado, y para ello "hará todo lo posible" para que las consultas populares en la comunidad queden reguladas a través de su inclusión en la futura Ley de Participación Ciudadana, en cuya elaboración ya trabaja la Junta. IU, socio del PSOE en el Ejecutivo andaluz, elevará esta cuestión a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno para buscar un acuerdo, toda vez que no figura en el acuerdo programático y el PSOE-A ya ha expresado sus reticencias.

El portavoz de la formación de izquierda en el Parlamento, José Antonio Castro, quiso dejar claro ayer que no se trataría de regular la convocatoria de referéndum, sino de consultas populares "no vinculantes jurídicamente", pero sí "política y moralmente". Si esta figura no aparece finalmente en el texto que elabore el Consejo de Gobierno, su grupo parlamentario planteará su inclusión a través de enmiendas.

El anuncio de Castro se produjo después de que el coordinador general de IU en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, defendiera la necesidad de convocar una consulta ciudadana en Andalucía en el caso de que el Gobierno central se "empecine" en exigir más recortes a la Junta, lo que ya ha sido descalificado por el PP-A, que lo ha considerado una "ocurrencia" y una "pamplina".

Pero Valderas no ha sido criticado sólo desde la derecha. El CUT-BAI -miembro de IU- exigió al dirigente de la federación de izquierdas que cumpla con el programa electoral con que se presentó a las pasadas elecciones autonómicas y se deje de decir "tonterías" como la petición de esa consulta ciudadana sobre los recortes impuestos por el Gobierno de la Nación. Según el CUT-BAI, lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es enfrentarse "seriamente" al PP "no sólo en palabras, sino en la acción política".