El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, manifestó ayer que el eventual cierre de unidades educativas en Andalucía se debe al "descenso de la natalidad" y no a una "voluntad política caprichosa".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero se refirió al cierre de unidades en los ciclos Infantil, Secundaria y Primaria en Andalucía denunciado por diferentes sindicatos, quienes han informado de que desde 2011 se han cerrado 1.500 líneas de esos tres ciclos.

Sobre esta misma cuestión, al Grupo Parlamentario Adelante Andalucía reclamó el martes en la Cámara al Gobierno que blindara la escuela pública, haciendo referencia, según la formación dirigida por Teresa Rodríguez, a un plan trazado llamado a favorecer a la educación privada.

Para el portavoz parlamentario adjunto de Adelante, José Ignacio García, lo que pretende la Consejería de Educación y Deportes es capitanear "una demolición controlada de la escuela como servicio público" y hacerlo "para beneficiar a la escuela privada". El argumento para llegar a esta conclusión es la "eliminación sistemática de líneas en los centros públicos", algo que "no ha empezado ahora, sino que comenzó hace décadas y que viene heredado del anterior Gobierno, pero que vive una aceleración inusitada en las últimas semanas", citó Europa Press de unas declaraciones efectuadas en la sala de prensa del Parlamento andaluz.Obviando el hecho de la paulatina eliminación de unidades educativas en la enseñanza pública, para el consejero de Educación el problema se centra en los flujos demográficos existentes en Andalucía y, por tanto, la disminución de la población en edad escolar: "El problema se ataja si frenamos el descenso de natalidad que estamos sufriendo", citó Efe. Imbroda calificó de "absoluta barbaridad" el descenso en el número de nacimientos es de un 30% en los últimos 10 años.

Concretamente, según datos aportados por la Consejería de Educación y Deporte, el número total de alumnos en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato se ha reducido en los últimos cinco años en más de 22.000 colegiales. Del 1.293.221 alumnos que había en 2014 se ha pasado a 1.270.624 en 2018.

Por eso, Imbroda negó que los citados cierres de unidades se deban a una intención política para desmantelar el sistema público educativo ni para llegar a la privatización de centros, tal y como "utilizan determinados colectivos a modo de mantra permanente para mantener viva la llama de la reivindicación", dijo.

El consejero proclamó que en la Junta de Andalucía son "defensores absolutos de la educación pública de calidad" y que, por tanto, en su departamento trabajan "para dar respuestas de calidad. En otro orden de asuntos, Imbroda aseguró que el problema de falta de plazas para profesores de los conservatorios andaluces es una "situación compleja", un "problema enquistado desde hace 27 años". No obstante, el consejero explicó que existen "reuniones permanentes para dar una respuesta a esa demanda" y muy probablemente "la semana que viene" se anuncie "alguna que otra solución".