Andalucía

La Inspección de Trabajo avala los despidos

  • Mantiene que hubo "buena fe" por parte del Ayuntamiento en la negociación con la plantilla

El expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Jerez cuenta con el visto bueno de la Inspección de Trabajo, una valoración que si bien apoya la decisión del PP, no es vinculante en el procedimiento del expediente. Así lo comunicó ayer el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, quien informó de las conclusiones del informe de la Inspección provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo. Tras valorar la "identidad independiente" del documento, el popular remarcó que éste "avala tanto en el fondo como en las formas el procedimiento realizado en el ERE por la consultora Deloitte, representante legal del Ayuntamiento".

El contenido del informe recoge tres aspectos fundamentales: las causas motivadoras; el desarrollo del procedimiento y el periodo de consultas; y los criterios de designación de los trabajadores afectados. En cuanto al primer punto, Saldaña hizo una reflexión sobre "aquellas voces" que negaban que existieran causas económicas: "Los jerezanos y los propios trabajadores municipales sabían que existían estas causas y cuando Pedro Pacheco (ex alcalde del PSA) negaba su existencia, lo único que hacía era el ridículo", denunció.

Centrándose más en este apartado, Saldaña destacó que en el informe se dice que aparte de un supuesto en el que concurren causas económicas, también las hay " de carácter organizativo". En cuanto al procedimiento y periodo de consultas, el documento también deja clara la "voluntad de diálogo" por parte de Deloitte, así como del gobierno municipal. "Igualmente se tiene constancia -siguió leyendo Saldaña- que la entidad municipal ha solicitado y escuchado a sus interlocutores sociales en relación a la posibilidad de establecerse otras alternativas u otros criterios para la selección del personal afectado [...] En consecuencia, puede hablarse de buena fe en la negociación, si bien no debemos obviar que ambas partes plantean posiciones manifiestamente contrapuestas".

El informe reconoce además que los criterios de designación son "razonables y objetivos".

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