El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la polémica reforma de la Administración Local, que el Gobierno de Mariano Rajoy espera tener aprobada antes de final de año. El PSOE, que se descolgó de un acuerdo hace poco menos de un año, e Izquierda Unida, entre otros grupos, han planteado una intensa campaña en los municipios para criticar este proyecto, con convocatorias de manifestaciones incluidas.

La Junta de Andalucía, gobernada por socialistas en coalición con IU, quiere hacer de avanzadilla de este frente y hace meses que avanzó un recurso de inconstitucionalidad. Ayer el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, asistió al debate en el hemiciclo y, a su término, insistió en la falta de diálogo del Gobierno, representado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. "Tiene mucho rostro y poco oído", dijo Valderas. El vicepresidente, que ostenta en su Consejería las competencias de Administración Local, aseguró que la ley "nos lleva a un escenario preconstitucional", al limitar y retirar competencias a los ayuntamientos, principalmente a los de menos de 20.000 y de 5.000 habitantes.

Valderas se mostró escéptico en que se puedan hacer modificaciones a este proyecto. Dijo que, si "Montoro y el PP siguen con los oídos tapados", la ley está "llamada a sufrir muchos recursos de inconstitucionalidad" ya que, a su juicio, "claramente incumple con la Constitución y los estatutos" más avanzados, en referencia a Andalucía y Cataluña. "Me voy con escasa confianza en que el diálogo pueda alumbrar una ley que determine que los servicios públicos se van a desarrollar de forma más eficaz", añadió. El PSOE ya ha anunciado que derogará la ley si gobierna. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplazó año tras año esta reforma.

Pero, más allá de la controversia partidista, ¿en qué consiste la ley? El Gobierno del PP destaca este plan en el plan económico que ha presentado ante Bruselas, ya que estima un ahorro de unos 8.024 millones de euros hasta 2019 al "ordenar" las competencias "impropias" que han ido acumulando los entes locales en los últimos 30 años.

La situación es heterogénea, pero los ayuntamientos perderán competencias en educación o sanidad (de las que siempre han renegado, porque pertenecen a la Junta), o en servicios sociales, el aspecto más polémico, ya que las corporaciones locales asumen la mayor parte de la financiación de los servicios de proximidad.

La principal queja es la pérdida de poder de las administraciones locales en beneficio de las diputaciones (administraciones de las que el PP renegaba hasta hace poco) y de los gobiernos regionales, que tendrán que afrontar ese gasto (o no, y desaparecerán las prestaciones).

En el Congreso se presentaron diez enmiendas de devolución, aunque el PNV retiró la suya en el último momento al obtener garantías del Gobierno respeto a la foralidad. La oposición ve un claro objetivo privatizador en la reforma. Servicios como los de agua o basura irán a parar a diputaciones, que sin recursos suficientes pueden optar por la externalización.

Algunos aspectos fueron corregidos por el Consejo de Estado. El coste estándar, el coste máximo que debían tener los servicios para que un municipio pudiera seguir prestándolos, con la obligación de traspasarlos si no a las diputaciones o comunidades, fue retirado. También que los alcaldes de menos de 1.000 habitantes no tuviesen retribuciones.

El Pleno aprobó que el texto no pase una segunda vuelta, así que sólo se aprobará en el Senado.