El plan de protección del litoral andaluz tendrá que ser reactivado en las próximas semanas, una vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) se considera firma al no haber prosperado el recurso. El llamado Plan de Protección del Corredor Litoral protegía una amplia franja de 500 metros en aquellos lugares de la costa donde aún quedaban bolsas de terrenos sin edificar. Era un paso más sobre la Ley de Costas, pero el TSJA lo anuló por un simple defecto de forma. Se aprobó el 26 de mayo de 2015, cuando el Gobierno de Susana Díaz estaba aún en funciones después de unas elecciones.

Aunque el PSOE contaba con mayoría para aprobarlo semanas después, una vez constituido el Gobierno, el plan también podía haber sido derribado en los tribunales, porque acumulaba el retraso derivado de los 80 días que se tardó en investir a la presidenta.

Una vez que el TSJA falló en su contra, la Junta optó por recurrir ante el Tribunal Supremo, que es una vía de escape de escasas posibilidades, porque no suele aceptar recursos que mueren en los tribunales andaluces. Es lo que ha ocurrido hace unas semanas, por lo que la Consejería de Medio Ambiente ha declarado nulo este plan.

A partir de ahora, la Consejería que dirige José Fiscal estudia dos vías: volver a aprobarlo en el Consejo de Gobierno, ya que el órgano actual está pleno de funciones, o reactivarlo, con una parte de nueva redacción, en cuyo caso se aprobaría un decreto ley con medidas cautelares para impedir la construcción en las zonas más delicadas. El gabinete jurídico de la Junta dirá ahora si la primera vía es válida, ya que es la más rápida. Si fuese así, el problema estaría resuelto en breve.

La otra opción obliga a ir con mayores cautelares y, en especial, a impedir que vuelvan los proyectos inmobiliarios ahora que el sector de la construcción se ha reactivado.

No obstante, el litoral no queda desprotegido. Buena parte de los lugares aún vírgenes son espacios naturales protegidos y en otros hay planes subregionales. En Valdevaqueros, en Tarifa, donde se planificó una urbanización, no hay peligro ahora porque el proyecto fue anulado. Só hay cierto riesgo en parte del litoral gaditano, que es el mejor conservado.

El plan afecta a 62 municipios andaluces, sobre todo en Cádiz, Huelva y Almería. Fue el Ayuntamiento de Barbate el que consiguió poner ante los tribunales y tumbar este plan en el TSJA, aunque se presentaron previamente 3.547 alegaciones.