La Junta ha cumplido con el objetivo de déficit para 2013. La presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció ayer en Hospitalet, donde participó en un mitin con el PSC, que comunicó el viernes al Gobierno este dato. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dio a conocer la evolución del objetivo de déficit en las comunidades autónomas el pasado martes en un informe en el que dudaba de la previsión de la Junta. Andalucía acumuló hasta noviembre un 1,13% de desviación entre ingresos y gastos, cuatro décimas por debajo del 1,58% autorizado a final de año. Fuentes de la Junta explicaron anoche a este medio que el cierre arroja una cifra inferior a este 1,58%, y que será la titular andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, la que dé el dato el próximo martes al Consejo de Gobierno. En el mitin, la presidenta de la Junta mantuvo que el Ejecutivo de Rajoy estaba molesto porque "un Gobierno de izquierdas" demostrase mayor compromiso que algunos del PP.

En el texto del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, al que tuvo acceso esta redacción, se manifiesta la "incertidumbre" que le siguen generando las medidas para reducir el déficit previstas en el plan económico financiero en relación a los datos de ejecución presupuestaria. A falta de un mes para cerrar el ejercicio, Hacienda concluye que "se sigue observando una desviación en la aplicación de las medidas y, las ejecutadas hasta la fecha, junto a la previsión de cierre derivada de ellas, indican una persistencia en el incumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para la comunidad autónoma de Andalucía".

Una vez que Susana Díaz ha realizado este anuncio, corresponde al Gobierno central la certificación de esta cifra. En la Junta opinan que las valoraciones del departamento de Montoro eran contradictorias con otros adelantos del Gobierno central, que situaban a Andalucía dentro del margen de las comunidades que podían cumplir.

La conclusión a la que había llegado el Ministerio de Hacienda en el informe de seguimiento es la misma que la de hace mes y medio, cuando requirió a la Junta a que tomase medidas como un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria porque las que había tomado eran "insuficientes". Este aviso, el 22 de noviembre, fue común para Cataluña, Valencia y Murcia, las otras comunidades con planes de estabilidad (Baleares camina en la senda adecuada y Castilla- La Mancha empezó en septiembre). Valencia y Murcia aprobaron acuerdos de no disponibilidad de crédito. En el caso de Cataluña la limitación de los créditos derivada de la aplicación de la prórroga presupuestaria supone para el Ministerio una medida equivalente a este acuerdo (incluso de mayor rango normativo), lo que la Generalitat acompaña con la certificación de la Intervención General de la Comunidad con la relación de partidas que no se ejecutaron.

La Junta evitó adoptar un acuerdo de no disponibilidad. Señaló que, por razones de gestión, se esperaba que al cierre del ejercicio hubiese una inejecución significativa de créditos. El informe del Ministerio desvela que, con fecha 22 de enero, la Junta aportó un certificado del Interventor General de la Junta en el que se acredita dicha inejecución e indica que el escenario de gastos aportado por la Junta coincide con la información contable a 19 de enero.

La Junta no ha facilitado al Ministerio la cuantía en términos absolutos que se ha dejado de ejecutar en el presupuesto pasado ni la relación de las partidas afectadas. En su informe, el Ministerio advierte que "más del 50% de la reducción de gastos esperada procede de la inejecución de créditos por la orden de cierre u otras circunstancias no explicadas". Por el momento, el Ministerio sólo ha constatado que, de los 1.049,2 millones que la Junta se comprometió a ahorrar se han tomado medidas por 465,8 millones. "El resto procedería de la inejecución esperada al cierre", añade.

Pero a esos más de 580 millones de diferencia hay que sumar que tampoco las medidas para elevar los ingresos han cumplido las expectativas. Tras el requerimiento de noviembre, la Junta ha eliminado en el informe su previsión de la venta de solares e inmuebles y la pospone, por 150 millones, para el primer trimestre de 2014. El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobó la autorización para 76 edificios por 300 millones.