El Gobierno central discrepó en febrero de que algunos de sus documentos sean de titularidad pública en virtud de la ley andaluza de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental aprobada en octubre de 2011 por unanimidad por el Parlamento de Andalucía.

Seis meses después, la comisión bilateral entre el Gobierno y el Estado abierta para resolver esta discrepancia ha acordado que la Junta modifique la ley para evitar que este conflicto llegue al Tribunal Constitucional, por lo que ambas administraciones han solucionado el primer frente competencial abierto desde que el PP ocupa la Presidencia del Gobierno. El acuerdo está firmado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, y la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y se publicó ayer en el BOE y en el BOJA.

Esta ley andaluza amplía las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos oficiales. Sin embargo, el Gobierno renegó de un artículo (9.2) en el que se consideran documentos de titularidad pública los de la Administración del Estado y sus sociedades, los de los órganos judiciales radicados en la comunidad, los de notarías y registros públicos y los de organismos europeos e internacionales.

Por ello, en el seno de la comisión bilateral entre la Junta y el Estado se aprobó constituir un grupo de trabajo para resolver estas discrepancias sobre la confidencialidad de los documentos.

El acuerdo resuelve que la ley incorporará una disposición adicional (duodécima) por lo que esos documentos de titularidad pública "se someterán a la legislación estatal que les sea de aplicación, sin perjuicio de los dispuesto en la presente ley en todo aquello en lo que no se oponga".

De esta manera, ambas partes consideran "solventadas" las discrepancias manifestadas y, que de no haberse resuelto, habrían desembocado en un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, por lo que dio aviso a este órgano de que finalmente no interpondrá ese recurso al alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía.