La Junta reabrió ayer el conflicto con el Gobierno de Canarias por el traslado irregular de menores inmigrantes sin acompañamiento a la comunidad andaluza. La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, informó ayer de la llegada de otro menor procedente de este archipiélago en los útlimos quince días. Una denuncia que viene a sumarse a la que ya formulara a mediados de agosto, cuando llegó a exponer la existencia de 41 casos, y que provocó un agrio debate con el Goberno canario, que no sólo negó estos hechos, sino que arremetió contra Navarro, a la que acusó de hacer unas manifestaciones "absurdas e intolerables". El caso acabó en manos de la Secretaría de Estado de Inmigración, que abrió una investigación, al igual que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
A diferencia de la anterior ocasión, en la que Navarro se limitó a decir que tenía "información y documentación suficiente" para probarlo, esta vez dio más detalles: el menor procedía de Mali, llegó a Canarias, desde donde partió vía aérea hacia Valencia, y desde allí , en autobús, recaló primero en un centro de una provincia andaluza y luego en otro de otra provincia.
La respuesta del Gobierno canario ha sido la misma que entonces: negar los hechos, afirmando que "nunca" ha trasladado a ningún menor extranjero no acompañado a territorio andaluz. Además, fuentes de la Consejería canaria de Bienestar argumentaron que ni siquiera lo ha hecho en los dos últimos meses a ningún punto de la Península, y que cuando lo realizan se sigue el protocolo que marca la normativa vigente. También recordaron que ya en agosto hubo conversaciones entre ambos departamentos, y que en ningún momento se planteó una queja formal por parte de Navarro.
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