El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la nueva organización y estructura de las Oficinas Fiscal y Judicial, con el objetivo de conseguir una distribución "más equitativa" de las cargas de trabajo de los funcionarios y, sobre todo, acelerar la respuesta judicial. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha informado, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, del contenido del decreto, que va a permitir poner en marcha un sistema "revolucionario" para pasar de un modelo "anclado" en el siglo XIX a una justicia del siglo XXI, ha asegurado.

La nueva Oficina Judicial se pondrá en marcha este año como experiencia piloto en Vélez Málaga y El Ejido (Almería), y la Oficina Judicial en Sevilla, aunque el consejero ha aclarado que la implantación en el conjunto de Andalucía no será posible en esta legislatura porque es un territorio "muy extenso" para poder hacerlo en los dos próximos años. Preguntado sobre la acogida del decreto, De Llera ha asegurado que se han tenido en cuenta algunas sugerencias de los sindicatos, por lo que no cree que vaya a haber una "oposición frontal", si bien ha reconocido que la negociación sobre la relación de los puestos de trabajo puede ser más "dura", por lo que se tratará de "buscar soluciones" porque no está dispuesto a "imponerlo", ha dicho.

El nuevo modelo, que no supone coste presupuestario, sustituirá la configuración vigente hasta ahora -juez, secretario y personal adscrito a cada órgano- e impulsará un sistema basado en servicios comunes de trabajo, lo que según el consejero favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal. En el modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados, mientras que las segundas -sin estar integradas en órganos judiciales concretos- asumirán labores de gestión en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.

Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de los aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva, y el de partido judicial.

En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto dispone que se podrán crear -cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos- cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores. Paralelamente a la aprobación del decreto, la Consejería de Justicia trabaja en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos.

Además, la Administración autonómica está desarrollando un nuevo modelo de gestión procesal que permitirá la conversión del actual sistema Adriano -de acceso restringido a los órganos judiciales ubicados en una misma sede- en otro al que podrán acceder todos los juzgados y tribunales de la comunidad.

El decreto supondrá "un cambio cultural" en los criterios y modos de trabajo en la Justicia, donde "todos los estamentos coinciden en la necesidad imperiosa de transformar la estructura para acelerar la respuesta judicial", ha resaltado De Llera, que ha agregado: "Para que los tiempos de respuesta se arreglen necesitamos que se instauren, de una maldita vez, los juzgados de instancia y la Oficina Judicial".

A su juicio, el decreto da una respuesta "cualitativa" porque los avances se habían centrado hasta ahora en lo cuantitativo, lo que no ha "atajado" el fondo del problema de un modelo judicial "anclado" en el siglo XIX, con una configuración de "compartimentos estancos entre los que no hay comunicación". "El nuevo modelo va a suponer un vuelco", ha insistido el consejero, que ha asegurado que no va a costar dinero ni necesitará de más funcionarios, si bien habrá que hacer obras de adaptación en algunas sedes y las de "mayor calado" se dejarán para cuando haya disponibilidad presupuestaria.