La Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras porque no han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas las VPO que tenían en sus balances, según ha anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. El no haber proporcionado esta información a los correspondientes registros municipales sobre las viviendas de protección oficial (VPO) desocupadas supone una falta muy grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros.

Elena Cortés, antes de comparecer en una comisión del Parlamento andaluz, ha dicho a los periodistas que los expedientes obedecen al "cumplimiento de la ley que permite que las VPO sean utilizadas como viviendas habituales y permanentes". Los expedientes sancionadores han sido abiertos en aplicación de la Ley de VPO con las modificaciones que introdujo la ley andaluza de Función Social de la Vivienda, que da un plazo a las entidades financieras para comunicar a los registros municipales el número de VPO desocupadas que poseen.

En este caso han sido un total de 185 viviendas de VPO las que tienen estas ocho entidades financieras, según han informado fuentes de la Consejería de Fomento. Los expedientes han sido abiertos "en defensa de la función social de la vivienda de VPO, que son pagadas con dinero público", según la consejera, quien ha explicado que "estas entidades financieras deben cumplir con la puesta a disposición de las VPO en los registros municipales".

Las entidades sancionadas, como en cualquier procedimiento administrativo, disponen ahora de un plazo para presentar alegaciones. Las entidades sancionadas, entre las que según fuentes de la Junta, se encuentran el BBVA, Santander, Popular y Sabadell, sí dieron cuenta de sus VPO a la Consejería, pero no a los registros municipales de las localidades en las que se ubican.

La consejera ha aludido a un anterior expediente abierto a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que fue abierto por no informar de las VPO que tenía en su balance, que eran 911 viviendas, y ha asegurado que la vivienda protegida debe tener una función social como establece la ley, independientemente de las entidades que sean sus titulares. Como titular de al menos 911 viviendas protegidas, Sareb debería haber acreditado la titularidad de las mismas y haberlas puesto a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Y como eso no sucedió en el plazo establecido por la Junta de Andalucía, el gobierno autonómico abrió el pasado mes de febrero expedientes a Sareb, que pueden acarrear multas de hasta 109,4 millones. Al margen de este procedimiento, la propia Junta de Andalucía negocia con Sareb la cesión temporal de viviendas, dentro de la iniciativa de la sociedad presidida por Belén Romana de poner a disposición de las comunidades autónomas hasta 2.000 inmuebles para alquiler a precios "asequibles".