Andalucía

La Junta expresa su "máximo respeto" ante el registro de la sede de UGT

  • Sánchez Maldonado dice que lo único que se puede valorar de momento es lo que se conoce: que hay dos expedientes declarados nulos por los que se pide el reintegro de 1,8 millones de euros.

El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha expresado el "máximo respeto" de la Junta a la actuación de las fuerzas de seguridad, tras conocer que agentes de la UCO de la Guardia Civil están practicando un registro en la sede de UGT de Andalucía. "Me acaban de decir que está la Guardia Civil en la sede de UGT, estaremos a ver lo que ocurre, ahora mismo es imposible hacer ninguna otra valoración", ha dicho el consejero, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento.

Preguntado sobre si esta actuación de la Guardia Civil puede acelerar el proceso de investigación abierto por la Junta, el consejero ha dicho: "No, lo que puede ocurrir es que si la Guardia Civil descubre determinadas irregularidades, éstas obliguen a tomar algún tipo de medidas a las distintas administraciones que hayan tenido relación con el sindicato, pero tendremos que estar a la espera de lo que ocurra", ha insistido.

Respecto a si ha habido algún avance en la revisión de las facturas de UGT, ha recordado que hay un proceso de instrucción administrativa con la revisión de oficios en unos casos y la de información en otros casos, pero hay un plazo de tres meses. "Lo único terminado es lo que ya conocen: los dos expedientes declarados nulos y por los que se pide el reintegro de 1,8 millones de euros", ha recordado.

Respecto a la devolución del dinero defraudado, ha dicho que forma parte de un proceso "normal", en el que hay un periodo voluntario para pagarlo y, si no, la Agencia Tributaria tendrá que "actuar por vía de apremio y embargar". En cuanto a si UGT ha presentado alegaciones tras la nulidad de los citados expedientes y la petición del reintegro, ha indicado que no lo ha hecho aunque tendrá la posibilidad, como cualquier administrado, de poder recurrir el dictamen final del Consejo Consultivo.

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