Después de meses de incertidumbre y trabajo interno, la Junta de Andalucía aprobará esta misma semana, probablemente en el día de hoy, el inicio de expedientes sancionadores contra entidades financieras que han podido vender participaciones preferentes de forma irregular. Durante este año la Administración andaluza ha recibido hasta 442 reclamaciones de titulares que se han sentido estafados por la venta de estos productos. La Junta les pidió información individualizada sobre estos casos a las entidades financieras y, al no recibir respuesta, se le hizo un segundo requerimiento con acuse de recibo. Una vez más las entidades desoyeron a la Administración y ésta ha resuelto emprender los expedientes sancionadores.

El primer paquete contiene 114 reclamaciones a tres entidades: Caixabank, Cajasol y Banca Cívica. Así lo han decidido los dirigentes autonómicos, aunque estas tres entidades han experimentado un proceso de fusión que fructificó en la actual Caixabank. El 82% de las quejas registradas en la Junta se refieren a este banco. La Junta ha ordenado los expedientes en función de su gravedad y de las entidades aludidas.

Así las primeras denuncias serán estas 114 reclamaciones para esta entidad bancaria, recibidas en toda Andalucía. Han recibido las calificaciones de graves o muy graves por haberse cometido voluntariamente, de forma habitual, por haber afectado a un número importante de usuarios y por haber producido una alteración social grave. Según la ley andaluza 13/2003 de defensa y protección de los consumidores, las multas de ser consideradas graves tienen una cuantía de entre 5.000 y 30.000 euros y de entre 30.000 y hasta 400.000 euros si son consideradas muy graves.

Las entidades podrán presentar sus alegaciones y, desde el inicio del expediente, habrá hasta diez meses para resolver la actuación. La Junta destaca que, como administración, hace un ejercicio de responsabilidad y que hay que respetar la presunción de inocencia de las entidades hasta que no se resuelva el expediente.

Además de estas sanciones, la respuesta de la Junta ante el fraude de las preferentes contendrá otras actuaciones. Después de recibir el informe de los servicios jurídicos, la Junta ha decidido no entrar en el procedimiento penal. Sí que colaborará con la Fiscalía en la remisión de información. También ha recibido respuesta de los servicios jurídicos para entrar en una acción civil colectiva que persiga la cesación de esta actividad (ya sin conocimiento de que se siga produciendo), pero sobre todo la nulidad y el resarcimiento económico de quienes invirtieron en estos productos.

Según Dolores Muñoz, secretaria general de Consumo, esta acción conlleva el riesgo de que la Administración determine una cantidad elevada y tenga que pagarlo en costas si la resolución es desfavorable a sus intereses. La opinión de Muñoz es acudir a esta opción, aunque la última palabra la tiene el vicepresidente y consejero de Administración Local, Diego Valderas, en cuya consejería se adscribe este departamento.

No obstante la Junta abrirá una opción intermedia (que no exime el expediente sancionador) en la que invita a las entidades financieras al arbitraje para que, extrajudicialmente, se puedan resolver los conflictos. El 8 de enero será la primera reunión con Caixabank. El asesor será público, la Fundación Mediara. Éstas son una serie de acciones coordinadas en las que se aceptan recomendaciones del Defensor del Pueblo andaluz, que reclamó a la Junta información en una reciente resolución .