La Junta de Andalucía tiene comprometidas inversiones en tratamiento y depuración de aguas por un importe de 400 millones de euros. De esta cantidad, se ha ejecutado ya un total de 271 millones de euros, según detalló ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz, José Fiscal, en la apertura de la jornada técnica Agua: infraestructuras para un tratamiento sostenible, organizada por el Grupo Joly, con el patrocinio de Sando, en el Hotel NH Collection de Sevilla.

"En la actualidad, más del 85% de la población andaluza cuenta con una infraestructura que permite depurar correctamente sus aguas. Para la construcción de las instalaciones que faltan se requiere un gran esfuerzo administrativo y económico de todas las instituciones implicadas: desde los ayuntamientos a las diputaciones y la Administración General del Estado. Nuestra prioridad absoluta es que este porcentaje se incremente y se trabaje en el cumplimiento de la legislación europea", puntualizó Fiscal.

El titular de Medio Ambiente defendió la utilidad del canon de mejora de infraestructuras, introducido por la Ley de Aguas de 2010 y que ha recaudado desde entonces un total de 323,7 millones de euros al cierre del pasado ejercicio. Fiscal insistió en dos factores claves de esta tasa. El primero de ellos es que es "finalista" ya que sus ingresos sólo se pueden destinar a sufragar infraestructuras de depuración y tratamiento de aguas. Y el segundo radica en su carácter "solidario". "Los fondos se emplean donde más se necesitan y no donde se recaudan. Si no, los pequeños municipios jamás podrían contar con instalaciones de depuración", agregó.

El consejero de Medio Ambiente reiteró que el presupuesto para política hidráulica ascenderá a 276 millones en 2017, un 6% más que en el ejercicio actual. "Es la cuarta consejería que más subirá su presupuesto. Pero también a mí me gustaría que fuera más elevado", indicó Fiscal.

El titular de Medio Ambiente aludía así a la petición expresada por el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, que le precedió en la apertura del acto. "Según un informe del Colegio de Ingenieros, sólo en Sevilla se identificaron 300 actuaciones necesarias que requieren una inversión de 3.000 millones en cinco años. Hay que agradecer el incremento del presupuesto, pero todavía es escaso y creo que el propio consejero querría más recursos para conseguirlo de forma más rápida", señaló Luis Sánchez Manzano. El directivo de Sando recordó que España no ha podido cumplir los calendarios marcados por las directivas europeas de aguas, y se arriesga a la imposición de una sanción de casi 171.000 euros por cada día de retraso. "Son datos preocupantes, mucho más en la situación en la que se encuentra el país", sostuvo el vicepresidente y consejero delegado de Sando.

Bruselas ha puesto la lupa en las 17 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes que aún incumplen la legislación comunitaria en España, de las que siete se encuentran en Andalucía, pero sólo cuatro son competencia de la Junta -Tarifa, Isla Cristina, Alhaurín el Grande y Coín-, según especificó la directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Junta, Inmaculada Cuenca, Inmaculada Cuenca, quien señaló que las actuaciones de la Junta en estos cuatro núcleos están en marcha. En el caso de Tarifa e Isla Cristina, su culminación se prevé para 2017, ejercicio en el que se reiniciarán los trabajos en Alhaurín el Grande y Coín.

En cuanto a 2017, la directora general de Infraestructuras resaltó que de los 276 millones consignados, 230 millones corresponden a inversiones reales. Éstas se desglosan en 17 millones para mantenimiento de infraestructuras y el resto -213 millones- para nuevas instalaciones. Medio Ambiente espera contar con unos 60 millones de inversión europea y 14 millones de financiación propia destinados a acabar obras "que la crisis no permitió que se desarrollaran al ritmo que se esperaba". El resto procederá del canon de mejora, con el que se prevé recaudar este año más de 100 millones de euros, una cantidad similar a 2015, que fue el primer año en el que se aplicó a la práctica totalidad de municipios.

Inmaculada Cuenca especificó las cifras aportadas por el consejero sobre inversión comprometida. De los 271 millones ya ejecutados, 143 fueron financiados por el canon y el resto por fondos europeos. A estos se sumarán otros 128 millones hasta alcanzar la cifra de 400 millones avanzada por Fiscal. Medio Ambiente prevé licitar antes de que acabe el año o a principios de 2017 unas 17 obras y una cifra similar de redacción de proyectos. Cuenca advirtió que las actuaciones se concentrarán en municipios de 2.000 habitantes. "Esto implica una gran atomización, con muchas actuaciones de una inversión de entre dos y siete millones. Quedan muy pocas actuaciones que superen este presupuesto y son del Estado", alertó.

Por su parte, el director de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Antonio Galán, resaltó la complejidad administrativa de la política hidráulica en Andalucía, donde el Estado gestiona el 60% del territorio andaluz, fundamentalmente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -las cuencas del Segura y el Guadiana son marginales en términos porcentuales-. "La no gestión de la Junta de la cuenca del Guadalquivir tiene un gran impacto social", recalcó Galán, cuyo departamento tiene encomendada el control de la calidad de las aguas y la ejecución de las políticas de la Consejería. El alto cargo de la Junta cifró en el 87% el porcentaje de población andaluza que cuenta con depuración, frente al 28% de 1992. "Se ha hecho un gran esfuerzo, pero queda finalizar la tarea", concluyó.

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, María Belén Gualda, indicó que el agua será una de las doce áreas estratégicas de la futura Ley de Cambio Climático. Además, resaltó que su departamento trabaja en dos decretos para regula recuperación de los costes y dotar a las administraciones locales de más independencia. Asimismo, la Consejería redactará un reglamento sobre el ciclo urbano del agua. "Vamos a trabajar en la garantía social, mediante una regulación legal, para que todo el mundo tenga acceso al agua independientemente de su situación económica", explicó.