El modelo educativo parece condenado a ser uno de los grandes e imperecederos motivos de la discordia entre los gobiernos central y autonómico. No hay el más mínimo atisbo de entendimiento, y mucho menos de acuerdo, entre el Ministerio de José Ignacio Wert y la consejería de Luciano Alonso. La implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha hecho de esta bronca histórica un choque aún más virulento. Lo ocurrido ayer en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación es un fiel reflejo del enfrentamiento.

El eje central de la reunión fue la financiación de la llamada ley Wert. Contra ésta cargó el consejero Alonso, que recriminó al Ejecutivo central que el Gobierno andaluz tenga que enmendar el "error de cálculo" de su ministro haciendo frente a 395 millones de euros de sus propios fondos ya que considera que la Lomce tendrá un coste de 584 millones de euros en Andalucía, "frente a los 189 que ha valorado el Ministerio". Wert negó este extremo en una rueda de prensa posterior, al afirmar que el sistema de financiación de la ley no va a computar como deuda para las autonomías. Según el ministro, los 964 millones previstos para los tres primeros años de implantación de la norma -desde 2014 hasta 2017-, se trata de un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial "se amortiza automáticamente" con la generación de un crédito, que "supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado este anticipo".

Fue la réplica del ministro no sólo al representante del Gobierno andaluz, sino también a los consejeros de Canarias, Asturias o País Vasco, que también expresaron sus dudas sobre este sistema de financiación y alertaron de que los fondos europeos para la implantación de la ley (614 millones) computen como deuda.

Alonso había criticado con anterioridad a la rueda de prensa del ministro que la ley se financie a cargo del Fondo Social Europeo, algo que según sus palabras, nunca antes había ocurrido con una ley educativa; que computen como deuda los compromisos que para ello tienen que asumir las comunidades autónomas y que, además, contenga una serie de "errores de cálculo tremendos" a la hora de establecer los gastos que supondrá. La "improvisación" del Ministerio en torno a la financiación de la ley "lleva a que la comunidad educativa esté nerviosa", avisó Alonso.

El consejero andaluz lamentó que "en este país las leyes educativas siempre han tenido memoria económica y se han financiado como una ley estructural y ahora por primera vez una ley está financiada con el Fondo Social Europeo". Alonso dejó la reunión "muy frustrado" también en lo que se refiere a los libros de texto, "para lo que no hay dinero", o la falta de inversión para la Educación Primaria. En una rueda de prensa junto a sus homólogos de Asturias y Canarias, Alonso anunció que con la nueva ley Andalucía estima que gastará 223 millones para libros de texto, frente a los 85 que gastaba hasta ahora, al tiempo que "el Ministerio se va a retirar de esa partida y la Junta la tendrá que asumir en solitario".

El consejero calificó de "tremenda" esa cantidad y se refirió a las dificultades de la región para asumirla, algo a lo que obliga por ley el Estatuto de Autonomía. Alonso ha dicho al respecto que "hablará" con consejera de Hacienda para abordar la necesidad de financiación para este asunto.

Según las explicaciones de Wert, el déficit de las comunidades autónomas no aumenta porque lo que lo produce son los intereses y en los anticipos de fondos europeos están excluidos. "El anticipo, como es en este caso, si se da como adelanto de fondos europeos, no hay intereses", afirmó el ministro para añadir que esto "no entra en la contabilidad de las comunidades autónomas". "Se genera un crédito que mata la deuda que se haya contraído", apostilló Wert.

Sobre las críticas de varias comunidades autónomas por el hecho de que su Ministerio haya presentado a sólo dos meses del inicio del próximo curso escolar su propuesta de financiación de los sobrecostes que supone la implantación de la Lomce, Wert respondió que para lograr los 614 millones de euros del Fondo Social Europeo ha sido preciso el acuerdo con los ministerios de Empleo y Hacienda, que tienen un papel "más relevante" en el acceso a los fondos estructurales europeos. "Todo eso se ha hecho sobre la base de un trabajo ingente, en un tiempo récord", añadió el ministro.