El número de dependientes que solicita acogerse a las prestaciones de la ley está destrozando todas las cábalas realizadas a priori. El Libro Blanco diseñado en el periodo embrionario de la norma se ha convertido hoy, a falta de dos meses para el segundo aniversario de la entrada en vigor de la ley, en un instrumento caduco. La actualización de los datos revela que en Andalucía ya hay valoradas con gran dependencia más del doble de las 42.000 personas previstas y, a este ritmo, pronto se alcanzarán los 264.000 dependientes calculados entonces para 2015, año en el que finaliza la progresiva implantación de la ley.

Las previsiones no duran más de seis meses. En el discurso de Manuel Chaves para el debate de investidura celebrado en abril, el candidato a presidente de la Junta se comprometió a seguir desarrollando la ley, incorporando a los dependientes severos que han comenzado este año y a los moderados, a partir de 2010. "En estos cuatro años, unas 175.000 personas se beneficiarán de las prestaciones establecidas en la ley", pronosticó Chaves.

Esta cifra ya aparece en el proyecto de presupuestos para 2009 que la Junta ha remitido al Parlamento para su posterior debate: "las previsiones en 2009 apuntan a que las solicitudes presentadas ascenderán a 225.000, de las que 175.000 tendrán reconocida gran dependencia o dependencia severa". Al finalizar 2009, la estimación de la Junta pasa por atender a todos los dependientes previstos por Chaves hasta 2012.

Esta avalancha de solicitudes necesita de financiación. Las políticas de dependencia absorberán el próximo año casi un tercio del dinero para servicios y prestaciones sociales (menores, igualdad de género, drogodependencia, inmigración, voluntariado,...).

Una ley cara, que en 2009 obliga a casi duplicar el presupuesto inicial en las cuentas autonómicas, de 270 millones en 2008 -aunque a finales de septiembre iban por más de 500- a 530 millones de euros, en principio, para 2009. El Estado aporta una partida inicial que se completa con un montante equivalente al número de dependientes que atienden las comunidades. La Junta espera percibir 135 millones en 2008 y hasta 265 en el próximo ejercicio para paliar el desembolso de sus arcas.

La elección de una paga económica en lugar de un servicio asistencial contribuye al aumento de los fondos que debe consignar la Administración. A pesar de estar contemplada con carácter excepcional en la ley, un gran número de familias eligen la paga económica al internamiento en una residencia, en una unidad de atención diurna o la ayuda a domicilio. En Andalucía, de las 78.900 familias que ya están recibiendo, 32.500 son prestaciones económicas, el 30%, lo que ha motivado la preocupación del Defensor del Pueblo.

Pero según recogen los presupuestos de 2009, esta tendencia incrementará. La Junta reduce los 175.000 dependientes a 130.000 por las bajas que, por las características del colectivo, se producen. De ellos, la Junta presume que más de la mitad de las familias elegirán pagas económicas, de ellas en torno a 64.000 vinculadas a cuidados familiares.

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