Los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera han recordado este lunes a la juez Alaya que, según la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada ya no es competente para instruir la causa de los ERE –porque debía haberla remitido ya al Tribunal Supremo ante la presencia de aforados-, motivo por el que se ha vuelto a acoger a su derecho constitucional a no declarar.

Lozano y Aguilera volvían a comparecer ante Alaya después de que la Audiencia de Sevilla levantara su imputación por falta de motivación del auto en el que se acordó tomarles declaración como imputado.

Al inicio de la comparecencia, la juez le ha preguntado a Lozano si se ratificaba en su anterior declaración, a lo que Lozano ha respondido de forma negativa porque, según ha dicho, en aquel momento "desconocía" la existencia del informe de adecuación y legalidad de las transferencias de financiación que estaba “en poder del juzgado, pero no se había puesto a disposición de las partes” y que habían elaborado cuatro interventores de la Junta.

Alaya respondió al ex alto cargo que toda la documentación se le dio traslado "con carácter previo" a la declaración que prestó el pasado 19 de septiembre de 2013.

A continuación, el ex alto cargo le ha dicho a la juez que como la Fiscalía considera que ya no es competente para instruir el procedimiento, sino que éste debía ser remitido al Tribunal Supremo, se acogía a su derecho constitucional a no declarar. Al no ser competente, ha dicho el imputado, la toma de declaraciones "conculcaría su derecho a un juez predeterminado por la ley, independientemente de los efectos dilatorios que causarían tal y como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de 28 de abril de 2014".

Tras estas afirmaciones se produjo un leve rifirrafe con el abogado de ambos imputados, José María Mohedano, quien aludió a los abundantes escritos de las partes sobre "la ocultación" de estas actuaciones. En ese momento, Alaya llamó al orden al letrado y le pidió que "moderara su lenguaje" al entender que estaba “poniendo de manifiesto que esta instructora, que es la que dirige el juzgado, está cometiendo un hecho delictivo consciente y deliberadamente”.

El letrado respondió que estaba "muy lejos" de su intención y de sus palabras atribuir ningún delito a la juez, remitiéndose acto seguido a los escritos presentados y al incidente de nulidad de las actuaciones formulado y que está aún pendiente de resolver precisamente sobre lo que se refiere a la puesta a disposición de las partes de la documentación mencionada.

Al término de las comparecencias, ninguna de las acusaciones solicitó a la juez que se impusiera alguna medida cautelar a los ex altos cargos, a los que Alaya había impuesto 46,6 millones en el caso de Lozano y un millón a Aguilera, aunque estas fianzas fueron revocadas tras la decisión de la Audiencia de anular las imputaciones.

Antes de la intervención de Lozano y Aguilera, Alaya les leyó de nuevo la imputación que pesa contra ellos, en la que les atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En esa imputación, Alaya considera que estos ex altos cargos eran conocedores y partícipes del sistema que se había montado para permitir las transferencias de financiación, y señaló que en 2002 se cambió la partida presupuestaria 481 por la 440.51, de forma que lo que eran ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro pasa a tramitarse con las transferencias de financiación al IFA, que sólo tiene como finalidad "enjugar" las pérdidas de ejercicios anteriores, ajustar las cuentas de pérdidas y ganancias y para gastos generales de exploración.

La juez reprocha a Lozano, que fue director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, que no se podían utilizar las transferencias de financiación para conceder las ayudas objeto de la investigación, algo que Lozano admitió que consintió porque lo aprobaba el Parlamento. Con ese sistema, según Alaya, lo que el inculpado pretendía, "en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

Alaya aprovecha el nuevo auto de imputación –el que hizo tras la decisión de la Audiencia- para concretar quienes son, a su juicio, los responsables de implantar el modelo que considera fraudulento para la concesión de las ayudas y así explica que "indiciariamente la responsabilidad de introducir el crédito de transferencias de financiación al IFA en el Presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser aplicado a otorgar subvenciones, sería entre otros de los consejeros de Empleo Antonio Fernández y de Hacienda Magdalena Álvarez, así como de los directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, máxime cuando en la Consejería de Hacienda se elaboró el presupuesto del IFA, reflejando indebidamente gastos que no se iban a producir, pues lo que la Agencia realizaba eran pagos por cuenta de la Consejería, los cuales quedaban compensados con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal".

La instructora del caso se cuida mucho de no incluir ahora entre esos responsables de la elaboración del "procedimiento específico" a ninguno de los aforados, sobre todo después de haber rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de elevar ya al Tribunal Supremo la parte de la causa que afecta a los ex presidentes de la Junta y a los ex consejeros, a los que la magistrada llamó al procedimiento en septiembre pasado empleando una polémica preimputación de los mismos.

La juez le imputó también a Lozano haber tramitado 12 expedientes de modificación presupuestaria en el periodo en el que ocupó el cargo por importe de más de 57 millones de euros, y en el caso de Aguilera otras dos modificaciones presupuestarias por más de 20 millones.

Alaya concluye el nuevo auto citando a declarar de nuevo a ambos ex altos cargos, todo ello "con el fin de colmar la exigencia de sus derechos de defensa", precisa la instructora, que en la misma resolución acuerda dejar sin efecto las medidas cautelares reales relativas a Lozano y Aguilera, a los que Alaya impuso sendas fianzas civiles de 46,6 millones y de un millón, respectivamente.

Aunque este levantamiento de las medidas cautelares también durará poco tiempo puesto que en el auto la magistrada señala que al término de las declaraciones fijadas para el próximo 12 de mayo se celebrará una comparecencia "para decidir, en su caso, la adopción de dichas medidas".