El cinturón del Ayuntamiento de Málaga se aprieta hasta niveles pocas veces conocidos. La Corporación local, tantas veces ensalzada por el alcalde, Francisco de la Torre (PP), por su capacidad financiera y el saneamiento de sus cuentas, se ve obligada por el Gobierno central a ahorrar 160 millones de euros hasta el año 2017 para alcanzar la estabilidad en sus cuentas (desequilibrio que el interventor cifra en 192,9 millones), al objeto de igualar los ingresos corrientes y los gastos.

La exigencia del Ejecutivo de Rajoy, aplazada tras renunciar Málaga a acogerse al plan de pago a proveedores, está directamente vinculada a la petición del equipo de gobierno de pagar en nueve años (y no en cuatro) los 65 millones de euros que adeuda por los ingresos de más recibidos de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) en 2008 y 2009. A cambio de este aplazamiento, el Ministerio de Hacienda reclama ajustes severos, que marcarán a fuego los presupuestos de los próximos años.

Las medidas contemplan la obtención de un "superávit" cercano a los 38 millones de euros anuales hasta 2017, según dio a conocer ayer De la Torre. Un dinero que, en gran medida, se logrará con una vuelta de tuerca a los gastos corrientes del Consistorio y parte de sus organismos autónomos, caso de la Gerencia de Urbanismo o el Instituto Municipal de la Vivienda.

La otra vía de la que extraer jugo es el capítulo de Personal. Aunque para tranquilidad de los 6.700 trabajadores vinculados al Consistorio y sus organismos, De la Torre fue claro: "Se garantiza que no haya despidos". Pero no se cubrirán las vacantes, lo que en 2013 permitirá consolidar 50 puestos. La ecuación en esta materia pasa por disminuir un 10% el concepto de variables de los empleados (productividad, horas extra, festividad, nocturnidad...), y un 50%, las prestaciones sociales. Acciones que, tomando como referencia la partida de este año, se traducirán en unos 14 millones de euros.

Éstos son los parámetros previstos para 2013, si bien a partir de ahí se prevé la congelación de estos gastos. El alcalde indicó que la idea es poder aumentar el nivel salarial de la plantilla de forma paulatina, aunque ello dependerá también de lo que decida el Gobierno.

La otra pata del plan de ajuste está directamente vinculada con la necesidad de rebajar hasta 2020 la deuda del Ayuntamiento y sus organismos al tope del 75% de los ingresos corrientes, tal y como exige el Ejecutivo central. Tarea nada sencilla, dado que el punto del que se parte se encuentra en el 147,9%. Porcentaje que incorpora el dinero que se adeuda a los bancos a corto y largo plazo (100 millones son préstamos hipotecarios para hacer VPO) y los 65 millones que tiene que devolver la institución por la Participación de Ingresos del Estado.

Es decir, que en ocho años tendrá rebajar el débito a casi la mitad de lo que hoy tiene. El plan prevé una amortización de deuda de unos 38 millones anuales. Durante ese intervalo de tiempo, el Ayuntamiento queda impedido para solicirar nuevos préstamos para, por ejemplo, hacer inversiones.