La operación Astapa, que desmanteló una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, ya tiene su toque rosa aunque no de una manera tan directa como lo tuvo la vecina operación Malaya que puso patas arriba el Ayuntamiento de Marbella y el mundo de la farándula.

En la mañana de ayer, las agencias del corazón se apostaron a las puertas del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad para esperar la entrada y salida de la sede judicial del empresario Francisco Javier Merino, marido de la actriz y modelo Mar Flores. A él la instructora del caso, Isabel Conejo, le imputó ayer un presunto delito de cohecho según informaron fuentes judiciales.

La relación del empresario con la localidad se deriva de dos terrenos ubicados en la zona de Las Canteras y de La Delana. A su llegada a los juzgados, Merino declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación, limitándose a decir que estaba tranquilo.

Pero Merino no fue el único que compareció ayer ante la instructora del caso que investiga la presunta trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Estepona, sino que otras cuatro personas engrosaron la lista de imputados en esta operación que ya alcanza la cifra de 59 implicados.

Entre los nuevos acusados hay más familiares del que fuera alcalde, Antonio Barrientos, que permanece en prisión desde que el pasado 20 de junio la juez le imputara los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

Ayer, pasó por la sede judicial una prima del ex regidor, a la que se le imputa el presunto delito de blanqueo, el mismo que a su hermano, Carlos Barrientos, que ocupó un cargo de responsabilidad durante el pasado mandato y al que la instructora, además, le imputa los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Isabel Conejo mantuvo las imputaciones por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales para un abogado local, un policía local que ejerció como escolta de Barrientos durante el tiempo que éste ostentó la Alcaldía y otra mujer supuestamente relacionada con Juan Simón, abogado que fue detenido en la primera fase de la operación Astapa y que se encuentra en libertad tras haber abonado una fianza de 300.000 euros, la más alta impuesta hasta ahora en este caso después de los 500.000 euros que tuvo que abonar el ex consejero de Valle Romano, Luis Fernando de Linares.

Al margen de Barrientos, continúan en la prisión de Alhaurín de la Torre desde el pasado mes de junio el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, así como los concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina. A todos ellos se les imputan los mismos delitos que a Barrientos, aunque en el caso de Reina la juez mantiene la imputación por un presunto delito de fraude.

De los 59 imputados, 35 están en libertad sin fianza y 20 en libertad bajo fianza.