El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler ha asegurado este lunes al juez Álvaro Martín, que investiga la pieza del denominado procedimiento específico de los ERE fraudulentos, que desconocía las irregularidades relacionadas con las ayudas de la partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

En su comparecencia ante el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el ex consejero ha defendido su “escasísimo conocimiento” del fraude, ya que, según han explicado fuentes del caso, Martín Soler ha explicado que antes de acceder al cargo de consejero –que ocupó entre abril de 2009 y marzo de 2010- nunca tuvo conocimiento de las ayudas, ni tampoco en esos once meses en los que fue consejero.

En su descargo, el investigado ha dicho que nadie de la Consejería ni de la agencia Idea le advirtió además de que hubiera algún problema, y ha precisado que en los tres consejos rectores de la agencia Idea a los que asistió tampoco se habló de estas ayudas relacionadas con la partida 31L. Martín Soler ha rechazado igualmente que recibiera el informe de cumplimiento realizado por la Intervención correspondiente a la agencia Idea sobre el ejercicio 2008.

En junio de 2014, cuando lo citó a declarar la juez Mercedes Alaya, Martín Soler Márquez se acogió a su derecho constitucional a no declarar. En el auto de imputación de Martín Soler, la juez Alaya explicaba que con esta imputación se cerraba el "capítulo relativo al papel" desempeñado por la agencia IDEA y por consiguiente de la consejería de Innovación a la que estaba adscrita desde el 2004, "como compañero perfecto de la Consejería de Empleo en el proceso no sólo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L", conocido como el fondo de reptiles.

La juez añadía que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a Idea por la Intervención General de la Junta, volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado. Este informe, prosiguió Alaya, sería recibido el 4 de noviembre de 2009 por el entonces consejero de Innovación, Martín Soler Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2009 y marzo de 2010.

La instructora aseveraba igualmente que a pesar de las conclusiones de este informe, la Agencia IDEA "seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo", por lo que Alaya acuerda imputar a este ex consejero.

Sin embargo, Martín Soler ha dicho este lunes al juez que no recibió ese informe de cumplimiento definitivo de 2008, sino que el mismo fue remitido directamente al viceconsejero, si bien aclaró que en caso de haberlo recibido no habría actuado por cuanto dice que la agencia “cumple todos los controles de la Intervención y no se hace ninguna recomendación ni se advertía de irregularidades”, han precisado fuentes del caso.

En ese informe se hace alusión a los cambios que se estaban produciendo de forma coordinada en la Consejería de Empleo a través de las sugerencias de la Intervención y que desembocaron en que en los presupuestos de 2010 se sustituyó el convenio marco de 2001 por la Encomienda de Gestión.