"Me fui para buscar un trabajo mejor y ayudar a mi familia. Tenía que buscarme la vida para poder ayudarlos". Khalid es uno de los menores extranjeros no acompañados que se embarcaron en un largo viaje para llegar a la Europa de las oportunidades, un camino de meses o años que cada vez realizan más menores. Según los datos recopilados por Save the Children, el pasado año había en España 6.414 extranjeros tutelados, un 60,47% más que en 2016. Este año las llegadas seguirán en aumento, advierten las ONG: solo en el primer cuatrimestre de este año, Andalucía ha contabilizado 731 nuevos ingresos de migrantes en el sistema de protección de menores.

Son el colectivo más vulnerable, alertan las organizaciones que trabajan con ellos, y los que más están sufriendo el colapso del sistema de acogida de los extranjeros que llegan a Andalucía. No sólo en este último mes, los centros están permanentemente saturados y sus trabajadores miran con preocupación los meses venideros. En la provincia de Cádiz cuatro de los cinco centros públicos existentes están triplicando o incluso cuadruplicando su capacidad en la actualidad ante la cada vez más ingente llegada de jóvenes.

La Junta asegura que se ampliarán las plazas necesarias y rechaza hablar de colapso

en aumento

¿Qué hay detrás de estas cifras? El motivo de ese aumento es el mismo que en los adultos: el cierre de otras rutas migratorias y el recrudecimiento de las condiciones en otras se suman a acontecimientos como el conflicto de Oriente Medio, las guerras en distintos países o el hambre. Se ha incrementado especialmente la llegada de menores marroquíes, tras unos años en los que a las dificultades económicas y la falta de oportunidades se ha sumado la represión en el Rif.

En muchas ocasiones "enviar a un menor se convierte en un proyecto de familia", explica el investigador de la Universidad de Granada José Carlos Cabrera. Estas pagan 1.000 ó 1.500 euros para enviar a un hijo en patera, entre 4.000 y 5.000 si son transportados en motos de agua a través del Estrecho, "una modalidad que triunfó el verano pasado y que obligó a la Guardia Civil a habilitar una patrulla especial", explica. Las mafias de la inmigración ilegal van innovando para no perder su millonario negocio, se han detectado incluso barcos nodriza que parten de lugares más alejados de la costa marroquí y que lanzan las pateras cuando están cerca de la costa.

Cruzar el Estrecho en ferry bajo un camión es la modalidad por la que optan los que no tienen posibilidad de pagar el viaje. Los menores lo llaman hacer el risky: se sitúan en las inmediaciones de los puertos de Ceuta, Melilla y Tánger para tratar de esconderse en los bajos de los vehículos. No pocos han muerto intentándolo, denuncia Save the Children. Y también saltan, como los mayores, las vallas de Ceuta y Melilla.

Una vez en territorio español, la determinación de su minoría de edad supone que pasan a la custodia de la región en la que han sido encontrados. Y por eso, Andalucía (34,4% del total) encabeza con mucha diferencia el ranking de menores extranjeros no acompañados (mena) tutelados en el país, la mayoría llegados en patera.

El Defensor del Menor, Jesús Maeztu, alerta en su último informe de que los recursos residenciales que tiene la comunidad autónoma para atender a los menores en desamparo están "al límite". La saturación es especialmente grave en los centros de primera acogida, denuncia el Defensor, que alerta de "la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores". Ello a pesar, remarca, del esfuerzo de los profesionales y de la contratación de plazas de emergencia por parte de la Junta, que este año se han renovado: 290, de las que 90 son para Cádiz. En total, Andalucía tiene 2.592 plazas en los centros de menores. Y el pasado año fueron atendidos 4.179 menores.

Esas plazas se distribuyen entre centros de acogida inmediata y los residenciales. En los primeros se da cabida a los menores hasta que se les encuentra plaza en centros residenciales. Pero la falta de plazas residenciales y las continuas llegadas los llevan al colapso, una palabra que la Junta de Andalucía rechaza: "No se puede hablar de colapso, sino de llegadas puntuales que se solventan en el menor tiempo posible con la derivación a otros recursos, incluso de otras provincias si es necesario".

En estos momentos, ante el fuerte ritmo de llegada de pateras, la situación en Cádiz es crítica. Esta misma semana UGT lanzaba la voz de alarma: el centro de menores La Concepción de La Línea, el centro de acogida inmediata de la provincia, había tenido que atender a 102 personas en un solo día con solo 24 plazas. La situación fue dantesca: colchones por los suelos, turnos para poder comer, solo seis duchas y y dificultades para limpiar. Aunque muchos de esos problemas, como la necesidad de usar colchones tirados en el suelo, ya son crónicos, los vienen padeciendo desde el año pasado. Y van a peor: según fuentes del sindicato, hasta mayo de 2017 (que ya fue de récord) había habido 350 ingresos en el centro; este año llevan ya bastantes más de 500. Pero los recursos son los mismos.

"Los menores están hacinados", remarcan desde el sindicato. Además, llegan sin que se le haga un reconocimiento médico exhaustivo, por lo que "cualquier enfermedad que traigan se puede contagiar". En lo que va de año ya han tenido dos brotes de sarna. Falta ropa. Y falta personal para poder cubrir las emergencias adecuadamente. Esa escasez de medios es caldo de cultivo para los enfrentamientos, apunta UGT, que también denuncia problemas con los traslados de menores a los centros concertados de Jimena o Arcos de la Frontera porque los jóvenes no quieren ir a estos espacios, alejados de las ciudades. Y critica que no sólo llegan chavales de 16 y 17 años, sino también "mayores de edad a los que la Policía considera menores y nos los manda, como está pasando ahora que las comisarías están colapsadas".

Del centro de La Línea los menores pasan a uno residencial; hay cuatro públicos en Cádiz, El Cobre en Algeciras, Jerez, Chipiona y Villamartín. Pero los tres primeros están igualmente saturados, muy por encima de su capacidad real. El cuarto algo menos. Y los trabajadores ya no pueden más; han planteado iniciar movilizaciones de nuevo (ya lo hicieron el año pasado) para reclamar más recursos.

menores fugados

El resultado de esta situación es que no se pueden aplicar los programas educativos y asistenciales que se debería, explica el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca: "En los centros residenciales los menores deberían tener una entrevista para ver qué perspectivas tienen, hacer una evaluación psicosocial y escoger la medida de protección adecuada: escolarizar, alguna medida de orientación sociolaboral". Pero ante la saturación existente eso no ocurre, funcionan como centros de emergencia. Los trámites para regularizar su estancia en España también se retrasan y "se pueden encontrar con que cumplen 18 años y todavía no están tutelados", algo que los deja en situación irregular al cumplir la mayoría de edad, denuncia José Carlos Cabrera. El resultado, apunta también Juan Manuel Ramos, de Andalucía Acoge, es que "muchos menores se van de centros que son abiertos. Puede que haya menores que vengan con proyecto más elaborado y un destino, pero lo cierto es que si no se les atiende en los propios centros y los chavales ven que no se les documenta se van a otros lugares" del país. Y llegan incluso denuncias de otras comunidades asegurando que la Junta de Andalucía les está enviando sus menores, algo desmentido rotundamente por la Administración.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales defiende su actuación. "La atención que reciben los menores es la adecuada a sus necesidades. Los menores que abandonan los centros lo suelen hacer para continuar con su proyecto migratorio", asegura. ¿Qué pasa con esos menores? "Se hace el protocolo rutinario de denunciar el abandono, se supone que se activan protocolos de las fuerzas de seguridad, pero en la práctica no se hace un trabajo real de saber dónde están esos menores", explica Juan Manuel Ramos. A los seis meses se extingue la tutela por parte de la Junta y de esos jóvenes la mayoría de las veces no se vuelve a saber nada. Muchos quedan a merced de las mafias, que ya han encontrado una forma de hacer cajaante esta realidad: cobran de nuevo a las familias por trasladar a los menores desde los centros andaluces a otros puntos.

La situación "está desbordando, no ahora, sino desde hace tiempo, a todos los agentes implicados. Y se está mirando hacia a otro lado", denuncia Javier Cuenca. Desde Save the Children proponen una primera medida: un plan de reubicación en función de las necesidades. "Un trabajo coordinado entre las comunidades y liderado por el Gobierno central. La realidad geográfica es que los menores entran por aquí porque es la puerta a entrada a Europa", pero no porque quieran quedarse, señala.

Andalucía lanza asimismo un SOS. La Junta ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno central que "establezca las partidas necesarias de financiación para la atención a menores extranjeros no acompañados que hasta ahora estamos financiando con fondos propios", al igual que hace con Ceuta y Melilla. No es la única comunidad que pide ayuda: Cataluña y el País Vasco también.

"Lo que está pasando es consecuencia también de no aplicar unas políticas basadas en los derechos humanos. Se trata de gente que está escapando de sus países por la guerra, la pobreza, la violencia. Se ha negado eso y al final te encuentras con esta realidad sin haber previsto los recursos y no era porque no se esperase, porque se lleva advirtiendo mucho tiempo por parte de las organizaciones. Ahora a ver qué respuestas y medidas se toman", concluye Cuenca.