Andalucía

Montero denuncia que el Gobierno oculta los recortes a la dependencia

  • La consejera de Salud rechaza la evaluación de la ley y califica de "fraude" el consejo territorial

Andalucía y Asturias se posicionaron ayer en contra de la evaluación anual de la aplicación de la ley de dependencia, elaborada por el Ministerio de Sanidad, mientras Cataluña la puso en cuestión, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios y Dependencia. En declaraciones a los medios de comunicación posteriores al Consejo, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, insistió en que la reunión ha sido un "fraude", pues el informe de evaluación pretende aparentar que la Ley "no ha sufrido recortes, que no ha habido ningún tipo de afectación" por la medidas del Gobierno. "Hay una cerrazón absoluta del Ministerio a recibir aportaciones", denunció.

"Realmente es un fraude porque hay más personas esperando el que se les pueda aplicar la Ley, ha habido disminución en la intensidad de las prestaciones, tenemos 30.000 personas menos incorporadas al sistema y además no hay ningún compromiso del Gobierno por retomar la financiación del nivel acordado que se venía planteando con anterioridad", argumentó Montero.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, explicó que votó en contra de la evaluación del Ministerio porque, a su juicio, es "demasiado complaciente" pues ha eludido reflejar "una importante rebaja de la financiación" que se ha cubierto desde las comunidades autónomas.

"Hicimos la petición de que se reflejase la aportación por comunidades autónomas a la Ley de la Dependencia. Nos resulta sospechoso que se haga una incidencia especial en exceso digamos de grados tres que hay dentro del ámbito de la Ley", detalló, para después agregar que por todo ello le preguntó a la ministra si había una "intención de hacer una revisión del baremo" porque significaría, a su juicio, un nuevo recorte a los derechos de las personas".

La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, cuestionó que no se tengan en cuenta las aportaciones que hacen las comunidades y el Estado. Así, recordó que Cataluña hace un "sobresfuerzo" al aportar el 80%, mientras que el Estado aporta el 20%.

El Consejo Territorial aprobó la creación de dos grupos de trabajo: uno para analizar la situación actual del procedimiento para reconocer la concesión de prestaciones y el otro para estudiar los procesos de valoración y establecer mecanismos de coordinación.

Además, el sistema de distribución de subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, que en 2013 distribuirá 210,1 millones de euros, se sustituye por otro basado en áreas de actuación, en lugar de en colectivos como los mayores, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros, lo que -a juicio de la ministra de Sanidad, Ana Mato- supone un modelo "mas flexible, eficiente y objetivo".

Mato explicó que, de esta manera, se van a priorizar los programas de urgencia social, como atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza, apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, ayudar a una adecuada nutrición de los hijos menores o acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.

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