Andalucía

La juez Núñez separa la causa de los cursos de formación en nueve piezas

  • Las ayudas a la Faffe, el entramado empresarial de Ángel Ojeda y la operación Barrado, en la que fueron detenidos nueve delegados y ex delegados provinciales del SAE, se investigarán por separado

Nueva división de otra macrocausa para agilizar su instrucción y enjuiciamiento. La juez María Núñez Bolaños ha acordado la separación de la investigación de los cursos de formación en nueve grandes bloques de piezas separadas. En el auto, la magistrada ha decidido separar los entramados empresariales vinculados al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, a Pérez González, y a Velázquez Sierra; las referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta con entes locales -Ciomijas, Formades, Forman y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y la relativa a los directores generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el auto, después de recordar la petición que realizó Fiscalía el 9 de septiembre solicitando la formación de piezas separadas en esta macrocausa, la juez señala lo que indica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que establece que "la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando el juez lo considere más conveniente, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".

Como se apunta en el auto, "ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa". Es decir, un delito, una causa. En este sentido, la juez resalta que no se debe olvidar cuál es la voluntad del legislador aunque la ley sólo se aplique a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Núñez pone de manifiesto que las presentes diligencias tienen su origen en la investigación llevada a cabo en la causa ERE, y tras referirse a distintos grupos empresariales y sindicatos que por hechos similares están siendo investigados en diligencias separadas, razona que la macrocausa actual de los cursos de formación "es una acumulación no necesaria y cuyo desglose no divide continencias, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado".

No obstante, en el auto se indica que la investigación sobre el entramado vinculado a Ángel Ojeda no debe separarse de la investigación realizada por las ayudas a Delphi, y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él: AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de Agosto de 2009 y 3 de Diciembre de 2010.

A este respecto, la juez subraya que la investigación pone de manifiesto "que Delphi actúa junto con el entramado vinculado al Sr. Ojeda, existiendo indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en dicho, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".

Sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los consorcios creados por la Junta con diferentes entes locales -un total de 14- y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que "hasta ahora sólo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales, Ciomijas y Formades". Por ello, la investigación de cada uno de los consorcios debe realizarse de forma separada: Ciomijas, Formades, Forman y CTI. Los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la UCO darán lugar a la incoación de una nueva diligencia.

La octava pieza establecida por la juez es la que investigará a la Faffe, que ha sido beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación. Según el auto, se investigará sobre "la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación".

Por último, la novena pieza se refiere a la actuación del SAE, por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año, con la detención de directores provinciales del SAE y jefes de Servicio de Formación Profesional para el Empleo.

En septiembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción envió un escrito a la juez en el que, respondiendo a la solicitud de la instructora, planteó que se divida la causa en cinco grandes bloques: uno de ellos en el que se investigarían los entramados empresariales que recibieron numerosas ayudas públicas -como el de Ángel Ojeda-; otra sobre los consorcios públicos; la tercera sobre las ayudas concedidas a la Faffe; otra sobre las subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi; y por último, un último bloque sobre las investigaciones relacionadas con la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidos nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que según la juez Mercedes Alaya formaban parte de una "red de clientelismo político" que favorecía a determinados empresarios.

Los dos primeros bloques de piezas que propone el Ministerio Público, podrían dar lugar a su vez a la formación de otras tantas piezas separadas, en función de cómo se desarrolle la instrucción, dado que en el caso de los consorcios se investigan entre otros el Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO Mijas); el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales en San Fernando (CTI); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga; y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, respecto a la operación Barrado, la Fiscalía apuntó que "deberían incorporarse todas las actuaciones e imputaciones relativas a las denominados resoluciones de exoneración que, junto con las falsedades en la certificación de la justificación de las subvenciones (artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía), constituyen la pieza esencial de las imputaciones. Esta pieza, según el fiscal, "en modo alguno podrá coincidir ni invadir las competencias de otros juzgados del territorio andaluz donde han cristalizado las denominadas operaciones EDU del Cuerpo Nacional de Policía y que han dado lugar a procesos diferenciados con perfiles propios".

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