La vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del PP andaluz, Dolores López Gabarro, cifró ayer en 680,9 millones de euros el "recorte" presupuestario que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía entre los años 2008 y 2011 en materia de bienestar social, lo que, en su opinión, convierte en una "aberración" que el Gobierno andaluz "amenace" con cerrar colegios y hospitales en la región, cuando "durante años ha utilizado el dinero de los ciudadanos para crear una red de enchufados". Es en esa "red de agencias de colocación" de la "Administración paralela" de la Junta, que "tan elevado coste acarrea para los ciudadanos", donde el Gobierno andaluz debería, en opinión de López Gabarro, "aplicar la Ley de Estabilidad", y no en sanidad o educación.

En una rueda de prensa celebrada en Sevilla, la dirigente popular detalló las "consecuencias" que han tenido esos "recortes" en bienestar social en el conjunto de Andalucía, entre las que citó "recortes de entre un 50 y un 75% de subvenciones a asociaciones de personas con discapacidad, demoras de meses en los informes requeridos para la concesión de ayudas de la Ley de Dependencia" o "la paralización de 30 proyectos de residencias para mayores por falta de financiación".

La Consejería de Salud y Bienestar Social indicó ayer que la denuncia es "absolutamente falsa" y aseguró en un comunicado que el presupuesto total para 2012 es de 1.903 millones de euros, lo que, a su juicio, "evidencia la tendencia al alza que se ha registrado en los últimos años a pesar de las dificultades económicas, con un incremento, por ejemplo, de un 22% con respecto a 2008".