La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ana María Corredera, acusó ayer a la consejera de Salud, María Jesús Montero, de querer controlar el futuro de la sanidad pública andaluza, "incluso si su partido pierde las próximas elecciones autonómicas de marzo", con el actual borrador de decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) que su departamento prepara tanto para el escalón de la atención primaria como el de la especializada.

La dirigente popular, quien anunció que su grupo ya ha pedido la comparecencia de la titular de Salud para hablar de este tema en una próxima Comisión en la Cámara autonómica, en la que además le pedirán la "retirada total" de este texto, advirtió igualmente que la redacción actual del mismo "posibilita los nombramientos a dedo" de los directores de las futuras UGC.

A este respecto, el PP aseguró que "después de estudiar en profundidad el borrador, nuestra impresión es que la Junta quiere crear un especie de administración paralela, con poder absoluto y fragmentando el sistema sanitario público andaluz tal y como funciona en la actualidad". Además, Corredera afirmó que con este nuevo modelo, los directores de estas UGC "serán como virreyes, ya que podrán planificar sus recursos, decidir qué personal forma parte de su unidad de gestión, cómo se amplia la plantilla, cómo se asignan las retribuciones e incluso tendrán la capacidad de controlar las bajas laborales, flexibilizar el horario laboral, y la posibilidad de buscar hasta financiación externa".

En esta línea, la dirigente popular también alertó de que el borrador "favorece claramente el enchufismo, ya que pretende dejar consolidadas las estructuras de poder del sistema sanitario público colocando a afines en las direcciones de las UGC por cuatro años y de forma inamovible".

De hecho, con este borrador "se acotan los nombramientos de los directores de las UGC de tal manera que no pueden ser alterados, ni en el caso de que se produzcan modificaciones funcionales en la estructura de la misma y sin poder mover a las personas nombradas", según la portavoz de Salud del PP-A. Corredera también valoró negativamente que esté previsto que el decreto vea la luz en diciembre, algo que calificó de prematuro. "Se pretende que todas las UGC estén constituidas a finales de diciembre y ya funcionando a primeros de enero", algo que para el PP "parece cuanto menos sospechoso, en el sentido de que se le quiera dar esa estabilidad a final de legislatura, entrando incluso en vigor cuando ya se haya disuelto el Parlamento".