La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que con la denuncia sobre los ERE fraudulentos en Andalucía, presentada en la sede del Tribunal de Cuentas, se pone de manifiesto que la gestión de los ERE supuso "un máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos".

En declaraciones a los medios, tras registrar en este Tribunal, el máximo órgano fiscalizador de las cuentas, la denuncia por la gestión de los ERE, la portavoz parlamentaria ha explicado que el escrito presentado evidencia cómo la Junta de Andalucía ha cometido un "sinfín de irregularidades contables" en la gestión de 699 millones de euros.

Según la portavoz popular, este dinero fue gestionado "sin procedimiento y sin cobertura local", al objeto "de introducir intrusos afines al PSOE y a la Junta", que ya se cifran en más de 183.

"Estamos -ha dicho- ante burdas infracciones contables sin procedimiento, sin expediente y sin cumplir la normativa" y ante el uso fraudulento "no de cualquier fondo, sino de los más sensibles y que con mayor pulcritud deberían gestionarse".

La presentación de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas pretende, según la dirigente del PP, que se depuren responsabilidades y que se logre el reintegro de los fondos públicos que, hoy, "debería servir para pagar a todos esos trabajadores que teniendo derecho a ese dinero se ven en dificultades para cobrarlo, como consecuencia de la mala gestión de la Junta".

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha agradecido el apoyo del PP nacional a la presentación de la iniciativa y ha asegurado que se trata del "mayor escándalo económico y social de la historia de la autonomía andaluza".

El también diputado autonómico ha aseverado que el dinero de los parados se ha utilizado de forma fraudulenta y la Junta instrumentalizó una "trama organizada" para el uso de estos fondos, de manera irregular.

Ha explicado que, en su opinión, se organizó una trama para escapar del control político "mediante un sistema de subvenciones directas con una empresa pública de la Junta de Andalucía".

Ha informado de que, según lo que se ha investigado, el fraude ya afecta a más del 50 por ciento de las empresas investigadas y "de ahí salen los 183 intrusos".

El secretario general del PP andaluz también ha denunciado desvíos presupuestarios de más de 170 millones y la "falsificación de los planes de actuación y del presupuesto de la Junta para dar cobertura a un procedimiento "que la Intervención General de la Junta, mediante siete informes, ya dijo que era irregular".

A juicio de Sanz, "hoy están en cuestión, no sólo los expedientes de regulación de empleo y los intrusos, sino 85 millones de euros de subvenciones que se han dado, de manera directa, a ayuntamientos del PSOE y a empresas cercanas a sus proyectos".

"Cada día está más claro -ha dicho- que se ha pasado de un fondo de reptiles a un fondo reservado, en exclusiva, para los socialistas".