El PP andaluz se sumó ayer a las dudas sobre la propuesta de ahorro de la Junta de Andalucía en la factura farmacéutica pública mediante la subasta de principios activos al mejor postor.

La portavoz de Salud del Grupo Popular y vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, señaló en rueda de prensa que esta medida, de la que censuró su "opacidad" porque sobre ella no existe ningún documento público, "invade las competencias exclusivas" del Gobierno central y supondría "la quiebra del principio de igualdad" del sistema nacional de Salud.

La dirigente del PP reclamó la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud, María Jesús Montero, para que explique la iniciativa, que pretendería que se expidan en las farmacias el medicamento o producto fijado por la Junta de Andalucía tras una licitación pública basada en el menor precio ofrecido. La idea cuenta con la oposición explícita de los colegios farmacéuticos, de la industria farmacéutica y del Ministerio de Sanidad, además del rechazo oficioso pero silente, hasta la fecha, de las empresas de distribución de medicamentos, la mayoría controladas por los boticarios. Los opositores aducen que invade la competencia ministerial de fijar el precio de los medicamentos, que rompe la unidad del mercado español y que atenta contra la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

"La consejera está bailando en la cuerda floja con esta propuesta, que está en el límite de la legalidad, si no la sobrepasa", criticó Corredera.

En opinión de la popular, esta iniciativa vulneraría dos leyes estatales, supone "un atropello al derecho de los ciudadanos a obtener medicamentos en igualdad de condiciones" y atentaría también contra la libertad de prescripción de médicos y farmacéuticos.

Sin embargo, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, reiteró a Europa Press que el proyecto en el que está trabajando su departamento "es perfectamente legal". Montero recordó que "todas las propuestas y borradores de trabajo" que tiene encima de la mesa acerca de este tema "son perfectamente legales" y avisó al Ministerio de Sanidad de que este posible proyecto de adjudicar en concurso público el suministro público de los fármacos a los laboratorios que ofrezcan el precio más barato "lo hacemos en el marco de nuestras competencias y tienen el respaldo jurídico de la Junta de Andalucía".

En cuanto a las voces contrarias a esta media que están apareciendo tanto desde el seno del Ministerio de Sanidad, que aluden a una invasión de competencias, como de otros agentes implicados en el sector farmacéutico, así como del hecho de que algunos apuntan a que es un globo sonda de la comunidad para comprobar cómo reacciona el sector, la responsable andaluza advirtió que la Administración autonómica ya ha demostrado en otras ocasiones la "seriedad" con la que se toma estos asuntos.