En el PP no quieren entrar en una "guerra entre comunidades" a costa de la inminente negociación del nuevo sistema de financiación. Y menos aún, si el debate puede acabar en criterios contrapuestos en el seno del mismo partido en función de cada región. Pero ya está pasando. Si el gobierno popular de Valencia, en consonancia con el Tripartito catalán y el balear -ambos del PSOE-, ya ha tomado posiciones y mantiene la reducción de su aportación al fondo de suficiencia, el PP-A anunció ayer que "defenderá" el mantenimiento de este recurso solidario para Andalucía.

Y es que el portavoz de Economía del PP en el Parlamento autonómico, José Enrique Fernández de Moya, fue muy explícito: "Vamos a defender el mantenimiento del fondo de suficiencia, vamos a defender la variable poblacional, vamos a defender que se incrementen las partidas del fondo de compensación interterritorial y vamos a defender que prime solidaridad en lo que significa el trasvase de las comunidades ricas a la pobres".

Una contundencia que esgrimió sólo con Cataluña, obviando el caso valenciano. Amparándose en que aún "no hay documentos sobre la mesa" y en que lo único que hay hasta ahora son las "reflexiones" del Ejecutivo catalán acerca de una "merma muy sustancial" del fondo de suficiencia, Fernández de Moya advirtió que no pueden estar más que en contra. "Tocar" este fondo observó que sería "muy perjudicial" para Andalucía, ya que sólo este año supone una inyección financiera de más de 9.000 millones.

Pese a la disparidad de criterios, mostró su convencimiento en que "no habrá conflictos" y que las comunidades harán un "esfuerzo" por llegar a un acuerdo multilateral. Una confianza que reforzó en el consenso alcanzado en el vigente sistema de financiación -aprobado durante el Gobierno de José María Aznar- que se concretó en un pacto multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en el análisis del sistema del Tribunal Constitucional que, como recordó, establece que no pueden darse habilitaciones unilaterales que "beneficien a ricos en detrimento de los pobres". "No puede haber privilegios de unos frente a otros y, en cumplimiento de este precepto, imperará la sensatez", zanjó.

Aún así, el portavoz económico quiso dejar claro que en la negociación del sistema de financiación el "punto de partida" del PP andaluz será "de la A a la Z" el nuevo Estatuto y la atención al criterio de población. "Lo aplaudimos, lo votamos y fue una exigencia para la reforma estatutaria. Ahí hay punto de coincidencia con el PSOE, porque vamos a defender el criterio de población", subrayó.

El otro asunto que urge en la agenda parlamentaria es el debate sobre la deuda histórica, cuyo plazo de cuantificación expira en cinco meses. Fernández de Moya adelantó que será de las primeras preguntas a las que someterán al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a su vicepresidente segundo y consejero de Economía, José Antonio Griñán, a los que requerirán un estudio "serio y responsable" de una cifra que, a su juicio, ha sufrido más de un vaivén desde la etapa en la que Magdalena Álvarez era titular de Economía. Una conclusión extraída, sobre todo, del ocultismo de los últimos meses a este respecto, y que achacó a que guardaban cantidades distintas en la recámara en función de si tras la cita electoral del 9-M gobernaba Mariano Rajoy o Rodríguez Zapatero.

Pero mientras se da a conocer o no, adelantó que en el PP no están perdiendo el tiempo y están haciendo un estudio "pormenorizado" con el que rebatir al Gobierno andaluz, y que "desvelarán" en su momento.