El Gobierno de Cataluña no oculta que está dispuesto echar el resto en lo que ya considera una lucha abierta: el asunto de la financiación ha abandonado allí el perfil de debate para adoptar el de una guerra declarada. Un miembro destacado del PSC, su portavoz Miquel Iceta, no ha podido ser más contundente al anunciar que un fracaso en el modelo de financiación con Cataluña provocaría allí "incertidumbre" y un peligro de "radicalización muy grande". "No es que amenace, digo lo que pasará. Si esto fracasa es muy grave, se puede producir un desplazamiento en un sentido de mayor radicalidad. Es lo que enseña la historia, cuando fracasan las reformas acaban viniendo las revoluciones", ha comentado en una entrevista a Europa Press.

Es la línea marcada. La Cámara de Comercio de Cataluña estima que la comunidad debe recibir una cantidad adicional entre 3.500 y 3.800 millones de euros al año, según recogió ayer el periódico La Vanguardia. De ser así, la Generalitat aumentaría sus ingresos respecto al sistema anterior en casi un 40%, desde 10.000 euros a 14.000. No obstante, estas cifras no coinciden con las difundidas por el Ministerio de Economía, correspondientes a 2006 -ejercicio sobre el que está basada la negociación para reformar el modelo vigente-, según las cuales la comunidad catalana habría recibido 16.000 euros.

Y Cataluña espera esos números. Iceta da a conocer los resortes que puede activar su comunidad para presionar al inquilino de La Moncloa. "Nosotros no estamos para hacer caer al Gobierno de Zapatero. Al revés, estamos para que dure mucho tiempo y coseche muchos éxitos, pero eso depende también en gran parte de su capacidad para responder a los compromisos adquiridos y de desarrollar el propio Estatut".

Al fondo del escenario se levantan los Presupuestos Generales del Estado. Iceta no cree que votar contra ellos signifique tanto como "apretar el botón nuclear", pero a nadie escapa que la deflagración dañaría enormemente al PSOE y al PSC. Iceta descarta una ruptura entre ambos.

¿Y Andalucía? Aquí no hay un frente común entre Junta y oposición, al contrario de lo que sucede en Cataluña, donde el tripartito sí ha firmado la entente con sus adversarios de CiU para ir juntos de la mano contra la propuesta del Ejecutivo. Aquí, socialistas y populares siguen a la gresca, sumando un capítulo tras otro de colisiones y desencuentros.

Ayer fue el turno de Manuel Gracia, portavoz del PSOE en el Parlamento. Sobre él recayó el encargo de ir a por el PP andaluz, concretamente a por su líder, Javier Arenas, al que exigió que aclare si va a seguir con su política de "crispación y confrontación" o va a aceptar la oferta de diálogo y consenso realizada por Chaves, pues "existen cuestiones que necesitan grandes acuerdos". En opinión de Gracia, Arenas está más pendiente "de la escenografía que de los contenidos, porque de éstos, nada de nada".

Obviamente, el PP andaluz no le fue a la zaga. En esta batalla dialéctica en la que ambos partidos llevan embarcados desde hace semanas, el portavoz de Economía de los populares, José Enrique Fernández de Moya, siguió la ruta marcada por su jefe de filas para llamar a Chaves "tapavergüenzas" de Zapatero y acusarlo de "engañar y mentir". O sea, nada nuevo.

En clara alusión a las pretensiones de Cataluña, Fernández de Moya insistió en que "los estatutos en ningún caso pueden primar a unos territorios respecto a otros", tras recordar que el PSOE "votó en bloque a favor" del Estatuto catalán. "Así que pediría al señor Chaves que deje de engañar a los andaluces", agregó Fernández de Moya.

Y todo esto mientras se siguen sucediendo las reacciones al modelo estatal de financiación. Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón, con intereses comunes en la reforma del sistema, reclamaron ayer un reparto de fondos que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de población.

Consejeros de Economía y directores generales de presupuestos de las seis regiones, cinco gobernadas por el PSOE y una, Castilla y León, por el PP, se dieron cita en una mesa redonda organizada por los cursos de verano de La Granda, en las cercanías de Avilés, para poner en común su posición ante la reforma del modelo.

Todos los representantes del PSOE señalaron que el encuentro no suponía la constitución de un "frente común" para hacer valer sus intereses, mientras que la consejera de Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo, del PP, afirmó que es una forma de "hacer ver" al Ministerio la postura de seis comunidades donde vive el 20 por ciento de la población española.