El todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene que resolver antes del 6 de julio un formidable puzle. Ese día, el partido presentará su idea de Estado federal con un doble propósito: conciliar las sensibilidades de sus federaciones sobre lo que debe ser esta España aparentemente agotada, y aparecer en sociedad y ante las urnas -al fin- con un modelo claro de país. Andalucía y Cataluña son los actores más poderosos por tradición feudal. En ambas plazas han gobernado los socialistas; en ambas han aportado a las siglas nacionales la clave de sus victorias y derrotas frente al PP de Aznar y Rajoy. Aunque el documento que maneja Ferraz aún está en ciernes, las posiciones se van definiendo, y ambos tigres, el andaluz y el catalán, muestran sus coincidencias y discrepancias. El principal punto en común parte de la financiación autonómica y apunta al País Vasco y Navarra, ambas beneficiarias del concierto económico que tanto reclama para sí la Generalitat.

"Esas CCAA deben contribuir a la solidaridad interterritorial conforme a lo razonable, para que ningún territorio esté sobrefinanciado", advierte el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez. En un documento elaborado por la Fundación Rafael Campalans que el PSC hace suyo, también se aspira a la meta de "corregir las disfuncionalidades resultantes de los sistemas de convenio y concierto".

Ese frente común no salva las diferencias con las que tendrá que lidiar Rubalcaba. El PSOE-A, por ejemplo, otorga la máxima relevancia al principio de igualdad. Combinado con el peso de la población, debería permitir que los servicios básicos sean los mismos a lo largo y ancho del país. "Nuestro federalismo es simétrico, lo contrario sería confederalismo", aclara Jiménez. El PSC, sin embargo, habla de "evitar subfinanciaciones y sobrefinanciaciones disfuncionales para el conjunto del sistema", y añade al principio de solidaridad el de ordinalidad "para impedir que las CCAA más dinámicas pierdan incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto".

Si el melón del debate se abre a otros ámbitos, los problemas crecen. El equipo del líder del PSC, Pere Navarro -con el que el bloque de José Antonio Griñán considera que hay "sintonía"-, apuesta por que el Estado ceda en determinados casos a las comunidades la competencia para celebrar consultas, a lo que Griñán ya adelantó el lunes que se opone como presidente del PSOE pero también, por lógica, como secretario general del PSOE-A. La posibilidad de retocar la descripción de las nacionalidades y regiones recogida en el artículo 2 de la Constitución tampoco se observa con agrado. "Son debates nominales con importancia desde la perspectiva sentimental pero no desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades", zanja Jiménez.

Los socialistas andaluces sí lucharán por incluir en el texto que alumbre Ferraz una referencia al "hecho diferencial de 28-F" al ser "el único territorio que accedió a la autonomía vía referéndum".

Aparte de la catalana, son las federaciones aragonesa y valenciana las que han presentado alternativas más alejadas de la ortodoxia. Andalucía tendrá que hacer una vez más de puente entre las distintas sensibilidades del partido.