El tramo final de 2013 se antoja clave en las relaciones entre los socios del Gobierno andaluz. PSOE e Izuierda Unida tienen ante sí un reto por partida doble: consolidar -o por lo menos evitar que se descosa- su matrimonio de conveniencia en la Junta y hacerlo sin desoír las demandas de sus respectivas militancia y electorado. Y con el aliento de la oposición del PP en el cogote. A ello hay que añadir una circunstancia que, por mucho que repitan en sentido contrario dirigentes de IU, sí influirá en su relación con el PSOE: éste se halla inmerso en pleno proceso de cambio tras el ascenso a la cúspide de Susana Díaz, una vez alcanzada la Presidencia de la Junta tras la marcha de José Antonio Griñán, que culminará con su encumbramiento como secretaria general del partido en el congreso extraordinario los días 23 y 24 de noviembre.

Todo ello en paralelo a algo vital para la comunidad autónoma: el diseño del presupuesto de 2014. Y aquí, los socios de IU no ahogan -de momento-, pero aprietan.

Díaz y los miembros (socialistas) más notables de su Gobierno ya han hecho gestos de atemperar algunas de las exigencias que promueve IU. Hasta ahora sólo han sido palabras, dialéctica pura. Pero más temprano que tarde los hechos tendrán que imponerse. Y estarán, desde luego, sometidos a las cuentas, a los números, "difíciles", como ya ha adelantado en más de una ocasión la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Será un presupuesto a la baja.

En la formación de izquierdas presionan, con los roles también convenientemente repartidos: el tono más belicoso de la discrepancia, cuando brota, corre a cargo del portavoz en el Parlamento, José Antonio Castro, a quien le faltó tiempo para arremeter precisamente contra la nueva titular de Hacienda y Administración Pública por hablar de medidas de calado sin contar con el socio y a la que llegó a recordar que "algunos están en el Gobierno porque IU lo quiere"; el coordinador general en Andalucía, Antonio Maíllo, reivindica a lo largo y ancho de la geografía de la comunidad -que se está pateando desde que asumió el cargo- el papel protagonista, nada secundario, que tiene IU-CA, recordando a los socialistas el carácter sagrado del documento que rubricó el pacto de gobierno, y Diego Valderas, vicepresidente del Ejecutivo desde ese acuerdo, vigila que la bisagra política no chirríe.

Porque lo ha hecho. Y se ha oído. Y empieza a molestar y a causar enojo.

El ruido lo han puesto cuestiones de enjundia que a la fecha de hoy están lejos de estar convenientemente engrasadas entre las dos formaciones que componen el Gobierno instalado en San Telmo. Los puntos de vista que socialistas e IU mantienen sobre ellos son diametralmente opuestos; a saber, el afán que tiene la formación de izquierdas en gravar impositivamente a las grandes superficies comerciales apenas es atendido por el PSOE -a pesar de que la cartera de Comercio está en manos de un consejero de IU, Rafael Rodríguez-, y algo muy parecido está pasando con la insistente reivindicación de un banco público de tierras -al que el propio Maíllo presta su voz de forma machacona-, o al adelgazamiento de las empresas pública en sus niveles más altos.

Este último asunto fue precisamente el motivo de la estruendosa discrepancia entre Castro y Montero, con el primero insistiendo en que todavía hay "mucha grasa" que eliminar y la consejera de Hacienda y Administración Pública transformando el término en el eufemismo "estructuras ociosas" que, a su juicio, no existen en el seno de la Administración autonómica como para recortar 1.200 millones.

Pero ese chirrido ha venido también de los gestos, que sin ser tan sonoros como las palabras, sí poseen gran repercusión mediática y están expuestos a toda clase de interpretaciones y análisis en el ámbito de la gestión política. Y Díaz, la presidenta, los ha tenido -y de suma importancia- al poco de hacerse con el control del Gobierno autonómico. Y con ellos ha hecho torcer el gesto en las filas de IU.

Por ejemplo: cumbre con los primeros espadas del tejido empresarial andaluz, que quedaron poco menos que encantados tras la cita con la jefa del Ejecutivo. No en vano, Díaz transmitió a esta representación de la patronal garantías de que no habrá un aumento de la presión fiscal en el próximo año ni aplicará una tasa a las grandes superficies comerciales. Todo un contraste con la reflexión que haría 24 horas después el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, quien apuntaba que ese impuesto "sigue en fase de discusión en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE e IU", por lo que no se puede aventurar ningún resultado sobre él.

Después llegó la entrevista Díaz-Rajoy. Y Cayo Lara, de visita en Andalucía, al lado de Maíllo, no escondió su sospecha de un "cambio de cromos"...