El PSOE ha llamado la Declaración de Granada a su propuesta de Estado federal para España, una suerte de reforma de la Constitución de corte federal, pero que, en cierto sentido, es una respuesta para contentar a los catalanes del PSC y tratar de evitar la deriva secesionista de esta comunidad autónoma. Todos los barones territoriales -José Antonio Griñán incluido, el presidente andaluz- dieron el visto bueno ayer en Granada después de reunirse durante toda la mañana y cerrar el acuerdo la noche anterior en una cena. Aunque el texto pone límites a la solidaridad interregional, lo que perjudicaría a Andalucía, Griñán entiende que el principio de ordinalidad sólo trata de evitar que comunidades que son contribuyentes netas terminen poseyendo muchos menos recursos de financiación que las receptoras netas, como ocurre actualmente con Extremadura.

No obstante, el presidente andaluz, en declaraciones a este medio, valoró la inserción del llamado Fondo de Solidaridad Autonómico, situado al margen de la financiación autonómica, de carácter estatal, y que serviría para disminuir de modo progresivo las diferencias entre comunidades. Este fondo sustituiría a los denominados de Compensación y de Cooperación, y debería de ser muy claro y explícito.

El de Solidaridad no es el único fondo que propone el documento socialista. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó con insistencia que el objetivo del texto aprobado en Granada es "garantizar la igualdad" entre todos los españoles, especialmente en las cuestiones más sensibles, como educación, sanidad y prestaciones sociales, y que esa garantía esté al margen de los vaivenes de la economía nacional gracias, precisamente, a la creación de un Fondo de Garantía del Estado de bienestar, que se dotaría en época de bonanza para utilizarse como colchón en los periodos de crisis económica y que funcionaría como la conocida como hucha de las pensiones.

Según Rubalcaba, se trataría de incluir en la Constitución un artículo 135 bis -en referencia al artículo 135 que aprobaron PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria- que proteja los derechos de los españoles "vivan donde vivan".

Ayer también hubo ocasión de tender la mano a los socialistas de Cataluña y suavizar las tensiones entre ambos partidos, aunque el debate entre PSOE y PSC no parece que esté zanjado. Mientras que para Rubalcaba "el problema era encontrar un modelo compartido" y mantener "la misma oferta política" en todo el Estado, disyuntiva que, según el secretario general de los socialistas, soluciona el acuerdo alcanzado en Granada, Pere Navarro definió el texto como un "documento de base" que "no está cerrado" sino que abre el debate. Eso sí, el secretario de los socialistas catalanes calificó la jornada de ayer como "histórica" y mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado.

Los socialistas plantean que la reforma constitucional -que debe alcanzar un consenso "tan amplio como en 1978", según Rubalcaba- debe fijar las competencias estatales, y que sean los estatutos los que recojan las competencias de cada una de las autonomías. "Ahora en la Constitución están las dos" y eso es "origen de problemas", insistió el secretario general del PSOE. Rubalcaba argumentó que el cambio es necesario por cuanto que un porcentaje "altísimo" de la población no votó en el referéndum por la Carta Magna. En este sentido, los socialistas plantean también cerrar aquellas cuestiones que no se abordaron hace 35 años, como hallar un punto de encuentro entre comunidades y Estado en el que ambas administraciones "puedan alcanzar acuerdos", o avanzar en cuestiones que sí se plantearon en la Constitución pero no han llegado a desarrollarse tal y como se previó en 1978.

Aunque las intervenciones ayer se centraron en el desarrollo de un estado federal, también se le preguntó a Rubalcaba por la posibilidad de primarias, que respondió con un lacónico "hoy no toca". Otros varones, como el manchego Emiliano García Page, manifestaron que la elección de candidato no puede aplazarse sine die.