"Es un atentado". La afirmación hecha por Juan Manuel Cruz, presidente de la Federación Andaluza de Librerías (FAL), resume con contundencia -y enfado, mucho enfado- lo que experimenta en la actualidad el sector a raíz de la suspensión del convenio por el que se rige el programa de gratuidad de los libros de Primero y Tercero de Enseñanza Secundaria. Claro que "suspensión" es el término utilizado por la Consejería de Educación. Para los libreros es, llana y simplemente, el "incumplimiento" del acuerdo firmado en 2008.

Los libreros están en pie de guerra. Esta semana han celebrado una reunión de urgencia en Sevilla, a la que acudió el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), José Moyano, para diseñar una estrategia conjunta que haga frente al "mucho daño" que la "decisión unilateral" de la Administración andaluza está causando al sector. Ese "grave" perjuicio dinamita, en opinión de editores, distribuidores y libreros, a unas quinientas pequeñas y medianas librerías que se verán abocadas al cierre en la comunidad autónoma. Y no tienen mejor futuro los trabajadores: los representantes del gremio advierten que el incumplimiento de ese convenio coloca una espada de Damocles sobre la cabeza de hasta 16.000 empleos. Otras cifras: la decisión de Educación, una vez llegado al departamento el nuevo equipo de Francisco Álvarez de la Chica, "provocará un descenso de ganancias de hasta el 40%, lo que supone 45 millones de euros".

El panorama, pues, empuja al sector a solicitar un encuentro con el mismo presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Con Educación no hay nada que hacer. "Ya ha demostrado que no es capaz de tener en cuenta los intereses del sector. No ha explicado los motivos de su decisión unilateral, comunicada además a través de una simple llamada telefónica, y tarde", se queja Moyano.

El sector, con todo, no ve que la vía judicial sea la idónea. Ni Anele, ni la FAL, ni la Asociación de Editores de Andalucía (AEA), ni la Agrupación de Distribuidores de Libros y Ediciones (Adile), que han hecho piña frente a la Junta, consideran que el conflicto se dirima en los tribunales. Sería costoso, largo, "y preferimos colaborar antes que poner demandas", dice el presidente de los editores.

En este sentido, destaca "nuestra buena voluntad" cuando el sector decidió retirar, tras la firma del convenio, las medidas cautelares que presentó frente a la imposición de los precios por parte de la Junta, "que además no puede erigirse en único prescriptor y comprador. Nosotros retiramos esas medidas como una demostración de buena fe para llegar a un acuerdo, y esta es la respuesta de la Junta", critica Moyano.

Para el sector, lo que ha muerto es el modelo actual de gratuidad. "No se sostiene. Ha quebrado. No sirve", advierten. Y en el futuro "irá a peor". Libreros, distribuidores y editores defienden una alternativa dominada por el copago y en el que la renta de las familias sean un factor de peso a la hora de otorgar ayudas económicas para los libros de los alumnos. "Ese es un modelo mucho más justo y equitativo", insisten.

Y arremeten contra el "recorte del que habla la Junta porque esto no es un recorte, y mucho menos un aplazamiento, como se dice desde la Consejería", asegura Cruz, "esto es un claro incumplimiento de lo que se firmó hace dos años". Para el presidente de los libreros andaluces, lo que ha hecho la Administración "pone en serio peligro no ya sólo el sector del libro, sino una parte fundamental del tejido cultural de la comunidad autónoma".

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