Al tiempo que la pandemia amaina las administraciones públicas propenden a recuperar una gestión ordinaria. Se trata de retomar la transparencia y el buen gobierno que no han sobrado durante los dos años de pandemia por parte de ninguna administración. En ese capítulo está incluida la licitación para la compra de suministros, pues la progresiva desaparición de la emergencia sanitaria aconseja el fin de la tramitación de contrataciones de emergencia. Han sido los llamados contratos exprés.

La llegada de ómicron y el acecho de la sexta ola obligaron a la Consejería de Salud a pedir al Consejo de Gobierno por vía de emergencia la compra de una remesa de test de antígenos destinada, asegura Salud en el expediente, a mitigar la "situación extraordinaria" ocurrida como consecuencia de la propagación del virus. Así justifica la Consejería de Jesús Aguirre la compra de 2,8 millones de test de antígenos para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un valor de 8,8 millones de euros. El suministro está pensado para cubrir la labor diagnóstica para los primeros tres meses de 2022.

La alerta que representó la difusión de la variante ómicron en Andalucía encendió las alarmas de la Junta de Andalucía. Era el 20 de diciembre cuando la Consejería de Salud emitió una memoria dirigida a justificar la compra urgente de 2,2 millones test de antígenos para suministrar los centros sanitarios públicos andaluces por un importe de casi 9 millones de euros. 

Era una estimación. Salud alega la emergencia de la tramitación a que fue imposible "planificar con la suficiente antelación", señala la memoria justificativa. Las alertas en el mundo, sin embargo, constaban desde el comienzo de diciembre. El resultado final, por el mismo dinero, ha sido que la Administración andaluza ha adquirido, según los datos oficiales del contrato final, 2,8 millones de pruebas diagnósticas rápidas.

En todo 2021 el SAS efectuó 2,5 millones de test. La sexta ola ha obligado hasta la fecha a la realización de alrededor de medio millón de pruebas en los dos primeros meses, según aseguran fuentes hospitalarias. La Consejería de Salud dispone por tanto de más de dos millones de pruebas sin usar, una cantidad en la que cabe no menos de una ola más de pandemia.

Contratos desde junio de 2021

Este nuevo contrato sucede en un contexto particular, con la pandemia dando las últimas bocanadas y pasando a un estado de crisis sanitaria distinta después de dos años. En total, el Gobierno andaluz ha visado ocho contratos de emergencia en 2022 del ámbito sanitario y un noveno que corresponde a las obras de reparación de un centro de formación en Islantilla (Huelva) afectado por un temporal en septiembre. Los ocho contratos de emergencia sanitarios fueron aprobados por el Consejo de Gobierno en sus reuniones de los días 15 de febrero y 2 de marzo –en esta reunión se dio luz verde a la solicitud de los test de antígenos por parte de Salud– y, entre todos, han alcanzado un valor de 16,3 millones.

La mayoría de los contratos, en efecto, está vinculada a la respuesta que el Gobierno andaluz dio a la sexta ola impulsada por ómicron y que comenzó a mediados de diciembre. En cambio hay dos que se corresponden con obras realizadas por la Consejería de Salud hace varios meses. Uno de ellos es ajeno a la pandemia, ya que consiste en la reparación del pabellón de consultas del Hospital Marítimo de Torremolinos, se contrató el 12 de julio y fue abordado en el Consejo de Gobierno del 15 de febrero. El segundo sí responde a la crisis sanitaria, según expone el contrato visado por el Consejo de Gobierno del 2 de marzo. Es el que corresponde a obras en centros de salud de la provincia de Cádiz. Su valor supera los 332.000 euros y fue aprobado en dos resoluciones del 6 de agosto y 30 de septiembre. Es el único contrato ajeno a la sexta ola aprobado por la vía de emergencia en 2022.

Esto es compatible con una instrucción emitida el 18 de junio de 2021 por la Consejería de Hacienda que aconseja limitar el uso de los contratos de emergencia asociados al Covid. Es relevante la fecha, a finales de la pasada primavera, cuando la pandemia pasaba por un momento de control que se prolongó hasta el comienzo de la citada sexta ola. "La vigencia indefinida" del uso de los contratos de emergencia de forma indiscriminada y en el marco de la pandemia "resulta injustificada", apunta la instrucción. Por ese motivo, recomienda que el uso de esta fórmula de contratación tenga "carácter excepcional y residual".