Ningún grupo parlamentario cuestionó ayer la capitalidad judicial de Granada. La Cámara en bloque expresó su disconformidad con la ubicación de nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla y Málaga. Lo hizo en una declaración institucional que leyó el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, esgrimiendo el Estatuto como principal argumento para oponerse a lo que acordó en su día la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz.

En dicha declaración el Pleno despeja cualquier duda: exige el "cumplimiento" del Estatuto de Autonomía en relación a la condición de la ciudad de Granada como "capital judicial" de Andalucía. El texto aprobado sin fisuras por PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida subraya subraya que la sede del TSJA está radicada en la ciudad de Granada "por expresa previsión estatutaria -artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía-, como órgano en el que culmina la organización judicial en Andalucía, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Este hecho refrenda, de manera ineludible, "el compromiso ya existente de reconocer la capitalidad judicial a Granada". El Parlamento considera por ello que el desplazamiento de secciones o salas Judicial no debe producirse "a voluntad, sino cuando las circunstancias o el buen servicio de la administración de justicia lo aconsejen". Según la declaración aprobada, "la regla general es que las salas y secciones han de ubicarse en principio en la sede del TSJA, en Granada, como órgano en el que culmina la organización judicial en Andalucía, y sólo puede haber desplazamiento excepcional en el caso de que concurran efectivamente circunstancias objetivas que pudieran justificar la ubicación de algunas de ellas en otras ciudades". El texto consensuado hace hincapié en que la Sala de lo Civil y Penal, con sede en Granada, "que obviamente debe preservarse por su alto valor simbólico, es el exponente fundamental de la capitalidad judicial de Andalucía, complementada, además, por otros dos pilares institucionales del mundo jurídico", como son "la sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma y la del Consejo Consultivo de Andalucía".

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, recalcó ayer que para que alguna sala del TSJA pueda ubicarse fuera de su sede en Granada es necesario contar con un informe favorable de la Junta, y "ese acuerdo no lo vamos a dar", aseguró. "La posición de la Junta parte de la premisa de que nuestro Estatuto de Autonomía determina con claridad que Granada es la sede del TSJA, sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades, para lo que se requiere el acuerdo de la Administración competente, y ese acuerdo no lo vamos a dar". De Llera insistió en que para el traslado de alguna sala se requiere el informe favorable de la "administración prestacional competente, sobre todo cuando comporte un incremento del gasto, como es el caso".