El Parlamento de Andalucía ha rechazado, con los votos del PSOE e IU, depurar las "gravísimas responsabilidades políticas" derivadas del caso de los ERE fraudulentos de la Junta y de Invercaria, y poner en marcha una auditoría integral del sistema de ayudas en materia de empleo. Se trata de una de las propuestas de resolución presentadas por el PP en el Debate de la Comunidad, en el que sí se ha aprobado -con los votos del PSOE y el PP y la abstención de IU- instar a la Junta a que "se concluyan sin más demora" los procedimientos administrativos para la devolución de las ayudas al amparo del programa 31L que hayan sido indebidamente percibidas.

En esta última propuesta -también del PP- se pide, además, al Gobierno andaluz que el dinero cobrado indebidamente a través de la partida de los ERE y de otros fraudes en materia de empleo se destinen a un "fondo social" de ayudas a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo. Los tres grupos parlamentarios han presentado un total de 105 propuestas de resolución -35 cada uno de ellos-, de las que han sido aprobadas 4 del PP, 34 de IU y las 35 del PSOE, y del conjunto de iniciativas, 15 han sido respaldadas por unanimidad.

La Cámara ha aprobado por unanimidad, a instancias del PP, que el Gobierno andaluz promueva acuerdos entre las fuerzas políticas, entre los que destaque un "gran pacto por el empleo", así como aprobar con carácter urgente y prioritario una estrategia de política industrial con una partida presupuestaria específica.

La última propuesta del PP aprobada -con sus votos y los del PSOE- insta a la Junta a elaborar un plan urgente para abonar los pagos comprometidos con las entidades sociales sin ánimo de lucro y con las que prestan servicios sociales y educativos.

De las 35 resoluciones de IU, se ha rechazado una que pedía que el Gobierno andaluz inste al Ejecutivo central a solicitar el desmantelamiento de las bases militares extranjeras en Andalucía y que se reduzcan los gastos de la Casa Real, las subvenciones a la Iglesia, el gasto militar en armamento, la cuota de la OTAN y el desplazamiento de soldados a zonas de guerra.

Sendas propuestas aprobadas de IU y PSOE, instan al Gobierno central a respetar las competencias de la Comunidad en materia de vivienda (IU), y a la Junta a desarrollar reglamentariamente el decreto de la función social de la vivienda (PSOE), iniciativas que se producen después de que la Comisión Europea haya puesto objeciones a la norma andaluza.

Destaca otra iniciativa de IU, que no ha sido apoyada por el PP, en defensa de Doñana y de la sostenibilidad del litoral andaluz, para lo que considera "irrenunciable" el derribo del hotel Algarrobico.

También se ha aprobado que se inicien los trámites para la elaboración de la normativa sobre la función social de las tierras públicas propiedad de la Junta, que se inste al Gobierno central a la paralización de la reforma de la Administración Local y a cumplir la Ley de Memoria Histórica.

Entre las propuestas del PSOE destacan el rechazo a la supresión automática de órganos e instituciones autonómicas recogidas en muchos casos en el propio Estatuto de Autonomía y la petición al Gobierno central de la apertura de una negociación multilateral en aras a conseguir una reforma que mejore definitivamente la situación de los ayuntamientos andaluces.

El Parlamento insta también a la Junta a continuar con las "labores de mediación" para acabar con la situación de interinidad de la FAMP, y a que elabore sendos proyectos de ley de Buen Gobierno y para la Sostenibilidad del Servicio Público de Salud de Andalucía preservando el acceso universal.

Por otra parte, se insta al Consejo de Gobierno a mantener las becas al estudio financiadas con fondos propios, así como los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y gratuidad de los libros de texto, además de habilitar el pago fraccionado -hasta en tres plazos- para alumnos universitarios que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de becas.

Varias de las propuestas socialistas insisten en exigir al Gobierno de la nación que mantenga la subasta de medicamento, la financiación de la Ley de Dependencia o el traspaso de competencias del Guadalquivir.