El letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras, ha pedido en un escrito a su presidente poner en conocimiento de la Fiscalía los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos.

En su informe de urgencia, que ha elaborado a instancias del presidente del Parlamento, el letrado indica que se debería poner la actuación de Alaya en conocimiento de la Fiscalía del TSJA "en defensa de nuestra institución y de la legalidad vigente", y subraya que "un juez no puede investigar el trabajo de un Parlamento".

Pese a esta recomendación, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, optó por enviar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque en los autos podría haber una "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".

En su informe, el responsable de los servicios jurídicos del Parlamento asegura que la juez, al pedir investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas del caso de los ERE, "somete a investigación la actividad del Parlamento de Andalucía en la tramitación de un concreto procedimiento legislativo".

En el informe, añade que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla "carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones". El letrado mayor concluye que "el debate en el Parlamento queda al margen de la jurisdicción de los jueces y tribunales. Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros".

Tras destacar la "inviolabilidad del Parlamento", el letrado mayor agrega que "sería disparatado que por parte del Poder Judicial y del Ejecutivo se ordenase cualquier género de investigación sobre la actividad del Legislativo", y critica que la actuación de Alaya "arroja inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones".