El caos de gobierno en el que cayó el Ayuntamiento de Jerez en el periodo entre pactos sigue dando titulares y juicios casi nueve años después. A lo largo de esta semana (en sesiones de lunes a viernes) se vivirá un nuevo episodio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con la ex alcaldesa Pilar Sánchez, cinco de sus asesores y un técnico municipal sentados en el banquillo de los acusados.

Se trata del segundo juicio en torno a la contratación de asesores municipales que se celebra en los últimos meses. Después de que Pedro Pacheco fuera condenado por idéntica sala a cuatro años y medio de prisión por delitos de prevaricación y malversación al contratar a dos asesores, la denuncia del ex alcalde contra la que fuera su socia de gobierno se concretará hoy, aunque con notables diferencias. Pacheco ejercerá la acusación popular (no puede ejercer la acusación particular al no ser un damnificado) mientras la Fiscalía no ha visto delito alguno por el momento en la denuncia presentada por el líder andalucista. El Ayuntamiento no se ha personado como acusación en esta causa, tal y como sí hiciera en el juicio contra el ex alcalde.

Pilar Sánchez deberá responder ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de "trazar un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad" con altísimas retribuciones sin acometer para ello los requisitos obligados de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsas de trabajo.

Una de las claves del caso recae en la forma en la que Pilar Sánchez contrató a sus asesores. De un lado están aquellos que fueron designados por una resolución de la Alcaldía en calidad de personal eventual de confianza, también estuvieron los que accedieron con contratos de alta dirección (algo que cualquier alcalde puede hacer sin excesivos problemas si tiene apoyos políticos suficientes), pero también estaban los casos de asesores que fueron contratados tras ser sacados de las listas del Serjil (el servicio local de inserción laboral) sin que presuntamente se respetaran las listas de espera, ni se revisara la formación de algunos de ellos.