“El pobre era el que estaba en la calle; ahora trabajas y eres pobre”. Noelia resume muy bien la realidad de más de 136.000 familias andaluzas que comparten características con la suya. Ella es una sevillana de 40 años con dos hijos de 14 y 15, divorciada y con estudios superiores. Vive en un barrio residencial donde se venden pisos por un millón de euros y también hay viviendas de protección oficial. Tiene dos trabajos e ingresa unos 850 euros mensuales –cien menos que el recién actualizado salario mínimo interprofesional– para afrontar los gastos de una familia monoparental. “Para los extras, cuento con los abuelos”, reconoce Noelia. La imagen que dibuja es común en las ciudades andaluzas, donde el 34,5% de las familias están en situación de pobreza, casi el doble que en el conjunto de la comunidad.

A nivel andaluz, dos de cada diez familias están en riesgo de pobreza. En concreto el 19,1%, según las ediciones de 2017 y 2018 de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora cada año el INE. Pero la pobreza en las familias andaluzas es heterogénea, como constata Save the Children en un informe que se hizo ayer público y que analiza la situación de los hogares con hijos en la comunidad. El perfil que ejemplifican Noelia y sus dos hijos se considera una familia precaria urbana, pero la ONG ha encontrado otras cuatro categorías:clase media;abuelos, padres y nietos rurales;clase media rural y familias pequeñas pobres y rurales.

En dos de estos perfiles, que juntos reúnen a 983.716 hogares, se registran tasas de pobreza inferiores a la media andaluza. Son las clases medias, tanto urbanas (17,5%) como rurales (8,5%). Las tres categorías restantes centran la atención de Save the Children en materia de pobreza infantil, aunque las más vulnerables son las familias consideradas pequeñas y rurales. Más de la mitad (56,1%) están en riesgo de pobreza y casi en un tercio de los casos (29%) se trata de una situación severa.

Las situaciones de pobreza tienen mucho que ver con la falta de empleo, sobre todo en regiones como Andalucía, donde se trata de un problema capital. Y ocho de cada diez personas a cargo de estos hogares no trabajan, ya que la mitad están inactivos y la otra mitad en las listas del paro. Un tercio de estas familias son monoparentales, el mayor porcentaje entre los cinco perfiles analizados y cinco veces más que la media andaluza (5,8%). Entre los 58.831 hogares clasificados en esta categoría, que debe ser “prioritario” en la protección social, el perf es donde se registra un menor nivel de estudios.

No obstante, se trata del perfil menos numeroso entre los tres con mayores dificultades. Al contrario ocurre con las familias urbanas precarias como la de Noelia, segundo perfil con peor situación. Además de las características ejemplificadas con la situación de esta mujer sevillana hay que tener en cuenta los problemas que se encuentran en su vida diaria y, por los cuales, entran dentro de la alerta de Save the Children. Más de la mitad (56,6%) no pueden permitirse una semana de vacaciones al año ni afrontar un gasto imprevisto (58,7%). Su carácter urbano les permite tener mejores datos en una circunstancia muy compleja, como es la capacidad de mantener la vivienda a la temperatura adecuada, tanto en verano como en invierno.

Sólo el 7% de estas familias tienen problemas económicos que les impiden poner la calefacción. Son tres puntos porcentuales menos que la media regional, situada en el 10,6%. En esta categoría, la peor parte se la llevan las familias formadas por abuelos, padres y nietos rurales, ya que el 18% de las 72.735 clasificadas con esta etiqueta no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Este perfil, según el informe, presenta una vulnerabilidad “relativamente alta”, aunque su renta media se corresponde con los ingresos medios de la región. Esta realidad se hace patente en el alto porcentaje de familias con carencias materiales:un 68,8% no puede afrontar gastos imprevistos y el 86,1% no pueden permitirse una semana al año de vacaciones.

Las propuestas de Save the Children

Como suelen denunciar desde organizaciones como Save the Children y Unicef la pobreza es hereditaria, es decir, un niño que se cría en hogar que presente riesgo de exclusión tienen muchas posibilidades de crecer en la misma situación y prologarla durante su vida adulta. Por eso, para solucionar el problema la ONG que dirige en Andalucía Javier Cuenca propone aumentar la inversión pública en políticas de infancia hasta llegar al 2,4% del PIB

Una de las reclamaciones más recurrentes de Save the Children en los últimos años apunta a la renta mínima de inserción, la prestación puesta en marcha por el Gobierno de Susana Díaz en 2018 y que, como constata la entidad no sirve para reducir la pobreza infantil. Por ese motivo, la ONG solicita la creación de una ayuda de 100 euros mensuales por cada menor a cargo de las familias beneficiarias de la renta mínima, cuya dotación a nivel general, opina Save the Children, debería aumentar para atender a los andaluces en riesgo de pobreza o exclusión social.