El supuesto urdidor de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, no sólo rechaza punto por punto todos los cargos que formulan las acusaciones del caso Malaya, sino que va más allá y critica que no se dejara a los equipos de gobierno del GIL que dirigieron Marbella entre 1991 y 2006 abordar la modernización del municipio por intereses "puramente partidistas" y mero "enconamiento personal" de quien debía "velar por el buen fin de la economía" local, en alusión a la Junta de Andalucía que condujo al Ayuntamiento a una situación financiera "insostenible".

El escrito de defensa niega la mayor, o sea que Juan Antonio Roca fuera el titiritero que movía los hilos de lo que se ha denominado un "urbanismo a la carta". Esta afirmación, desde su punto de vista, sólo muestra "la falta de conocimiento sobre la realidad municipal y sobre el alcance y significación de los instrumentos de planeamiento".

La defensa de Roca puntualiza que la situación de Marbella era insostenible con un plan general de ordenación urbana (PGOU) inaplicable porque no había sido publicado y, en todo caso, desfasado porque se pensó para "un pueblecito pesquero" de los años 80 y no para la Marbella turística de los 90.

Afirma que el alumbramiento del nuevo de planeamiento fue abortado y ha sido ahora "quince años después" de que Gil iniciara su revisión en 1993 "cuando se ha convalidado casi al 100%", en referencia a la masiva legalización de viviendas fuera de ordenación.

El informe de la abogada defensora, la letrada Rocío Amigo recién incorporada al procedimiento, ataca también los hechos que se imputan a Roca sobre los que dice que "ni son delictivos ni mucho menos causaron perjuicio al ente municipal", máxime "cuando todos y cada uno de los hechos consignados contaron con la anuencia de quien hoy acusa que estaba (o debió estar) ejerciendo sus preceptivas labores de control y al tanto de todos y cada uno de los expedientes administrativos en los que hoy, más de una década después, basa su acusación". De nuevo la Junta de Andalucía ocupa el centro de la diana del supuesto cerebro de Malaya.

Además, arremete contra la capacidad de Roca que le atribuyen las acusaciones para hacer y deshacer a su antojo en Marbella. Indica que nunca ha sido funcionario, ha dictado resoluciones o tenido en sus manos dineros públicos, ya que únicamente era el gerente de urbanismo, puesto que no le daba competencia para otorgar licencias ni firmar convenios. También niega que haya "influido o tratado de influir" en los miembros del equipo de gobierno o en los funcionarios o que solicitara o recibiera dádivas para no ejercer labores de disciplina urbanística, entre otros motivos, porque "carecía de la cualidad y competencias necesarias".

Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado que los 4.000 millones de euros en los que el Ministerio Fiscal cuantifica las multas aplicables a los imputados del caso Malaya "se devuelvan" a las arcas municipales para que la localidad "recupere los bienes que se le hurtaron", expuso ayer el portavoz del Gobierno local, Félix Romero (PP).