El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya contra la corrupción, sólo ha podido disfrutar de nueve días de libertad. Ayer, el juez central del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decretó su ingreso en prisión por su presunta implicación en el caso Saqueo I, una medida que podrá eludir si completa una fianza de tres millones de euros. A la espera de que lo haga, Roca fue conducido ayer a la prisión madrileña de Soto del Real.

La decisión fue adoptada durante una vistilla que se celebró a instancias del PP de Marbella, que como acusación popular en este caso, solicitó al tribunal que Roca regresase a la cárcel ante la posibilidad de que éste se fugase para no responder a la acción de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción también pidió ayer el ingreso en prisión preventiva de Roca.

Tras escuchar a todas las partes, el juez, que sustituye al frente del juzgado Central número 6 a Juan del Olmo, determinó que existe "un elevado riesgo de fuga" del acusado y que la presunción de que pueda huir "no es aventurada", según el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó en abril de 2006 en su escrito de calificación del caso Saqueo I una pena de diez años de cárcel para el ex asesor urbanístico, además de que éste afronte conjuntamente con los otros imputados, entre los que se encontraba el desaparecido Jesús Gil, una indemnización de 36 millones de euros para el Ayuntamiento por el supuesto perjuicio causado. La solicitud de tan "elevadísima responsabilidad civil" se debe a que en el caso se investiga el presunto desvío de 26,7 millones de euros del Consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995, añade la resolución.

Otro de los argumentos de la acusación popular para justificar el ingreso en prisión de Roca era que tiene 44 procedimientos pendientes con la Justicia, entre los que destaca el archiconocido caso Malaya. Además, el juez expone que el acusado cuenta, presuntamente, con "patrimonio en el extranjero, de difícil control e incautación judicial". En este punto alude a las sospechas recogidas en el sumario de Malaya que apuntan a que el ex asesor de Urbanismo es titular, supuestamente, de cuentas bancarias en "territorios calificados como paraísos fiscales", entre los que se mencionan el Principado de Andorra, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Suiza y la Isla de Man.

La acusación pone también de manifiesto la cercanía de la celebración del juicio oral por el caso Saqueo I o la imputación de otros miembros de la familia de Roca en Malaya, que refuerza, a su juicio, la teoría de que el antes hombre fuerte de Jesús Gil podría eludir la acción de la Justicia. En este sentido, esta parte acusadora hizo hincapié en que ya existen en Marbella precedentes de cargos públicos que se han fugado cuando han tenido problemas con la Justicia, como el concejal del PA Carlos Fernández, imputado en Malaya, o con el edil del GIL, José Antonio Yagüe, condenado por un delito contra la ordenación del territorio y con casos pendientes.

En cuanto a los tres millones de euros impuestos a Roca como fianza, el juez advierte en su auto que restarán los 450.000 euros que Roca ya pagó cuando fue detenido por primera vez en 2002. Está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El magistrado recuerda que hace seis años recaudó su aval en un plazo de 24 horas. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción mostró sus reservas hacia cuatro de los fiadores del ex asesor de Urbanismo. La resolución también menciona cómo el acusado tardó sólo 18 días en recopilar el millón de euros de fianza por el caso Malaya. Aquí vuelve a plantear "sospechas" de que el imputado posee "patrimonio en el extranjero".

El portavoz del equipo del gobierno del Ayuntamiento de Marbella (PP), Félix Romero, aseguró ayer que se encuentran "moderadamente satisfechos" de la resolución, pero esperan "garantías" para recuperar el dinero municipal desviado.