La ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, negó ayer que perpetrara delito alguno cuando decidió tomar fondos destinados a obras que tenían por objetivo fomentar el empleo (Plan E) para pagar nóminas. Defendió la ex regidora socialista que "el decreto decía que si se usaba para otro fin público se debería reponer". Sánchez, que hoy y mañana afrontará sendas vistas por el caso conocido como Desvío de fondos, fue gráfica al asegurar al tribunal del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez que "yo no me levanté un día y dije voy a gastarme el Plan E en nóminas". Las palabras "fuerza mayor" estuvieron varias veces en boca de la ex regidora que, en no pocas ocasiones, destacó que "la primera obligación en la prelación de pagos en el abono de las nóminas".

Pilar Sánchez destacó una cuestión clave en la adopción de dicha decisión: "La reposición del dinero que por fuerza mayor se destinó a pagar sueldos, lo que así se hizo. Lo que se firmó se cumplió a pies juntillas".

Preguntada por el fiscal anticorrupción, Manuel L. Arjona, la socialista señaló que "no hubo ningún informe jurídico, pero sí hubo consultas", entre las que enumeró la realizada a la directora general del Ministerio (de Empleo). "Se lo dije y no me informó de que no se pudiera hacer. Le dije que había un plan de reposición. Lo comenté a todo el mundo. Ella misma (por la directora general) me dijo que iba a firmar la reposición del Ayuntamiento de La Línea" tras haber desviado presuntamente fondos a otros fines. Toda aquella conversación fue telefónica, "nada quedó por escrito", reconoció Sánchez a preguntas del ministerio público. Y es que una de las claves de este juicio radica en lo que hablado y en lo escrito, en lo que se dice y en lo que figura en los documentos.

Pilar Sánchez llegó a decir que tenía la aprobación del interventor municipal. Sin embargo, éste en sede judicial ya declaró que advirtió por escrito de que dichos fondos no se podían destinar a otros asuntos. Emitió lo que se llama un informe de reparo. Después, cuando la ex alcaldesa decidía pagar nóminas con dicho dinero tanto el interventor como el tesorero firmaban las transferencias. Todo ello está por escrito.

Para la alcaldesa de Jerez desde enero de 2005 a junio de 2011 hay un aspecto absolutamente claro en todo este caso: "Si hubiese tenido la más mínima duda de que incurriría en una causa penal jamás lo habría firmado", dijo al respecto de un Plan E en cuya redacción "se señalaba el camino" en lo referente a lo que había que hacer si el dinero se destinaba a otro fin: "O reponerlo o devolverlo".

En todo momento Pilar Sánchez sostuvo que las obras se quedaron entre el 70 y el 75% de su ejecución cuando ella dejó la Alcaldía, que estuvo pagando hasta los últimos días de su mandato.

Por su parte, la actual regidora, María José García-Pelayo (PP), fue la primera testigo en declarar ante el tribunal, no en vano, fue ella en su condición de alcaldesa de Jerez quien denunció dicha situación a la Fiscalía. Según dijo, "todo surgió cuando me llega un escrito del Gobierno para que enviemos fotos de cuanto se haya hecho con el dinero del Plan E. Entonces comprobamos que los edificios no estaban hechos y que los fondos se habían destinado a otros fines". Pelayo dijo al tribunal que cuando llegó al Ayuntamiento no se encontró con plan de pago alguno para reingresar en las cuentas restringidas el dinero desviado así como que en las arcas municipales había tan sólo "10.000 euros".

Hoy está previsto que declaren tanto el tesorero como el interventor municipales.